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Interior reduce en un millón de euros el contrato con las aerolíneas para los vuelos de deportación de extranjeros
Interior reduce en un millón de euros el contrato con las aerolíneas para los vuelos de deportación de extranjeros

Interior reduce en un millón el contrato para los vuelos de deportación

jueves 11 de enero de 2018, 04:00h
El Ministerio del Interior ha reducido en un millón de euros el contrato con las aerolíneas para los vuelos de deportación de extranjeros, un servicio que se licitó en 2016 por 11,8 millones y que se ha convocado este año con un valor de 10,8 millones, impuestos incluidos en ambos casos.

En concreto, según las condiciones publicadas junto al anuncio de licitación de este nuevo contrato, el importe total ascenderá a 9,9 millones de euros sin contar los impuestos, frente a los 10,8 millones, también descontados los impuestos, que se ofertaron en 2016 a las empresas de transporte que quisieran hacerse cargo del servicio.

Objetivos establecidos
El objetivo es adjudicar la gestión de los vuelos con los que Interior traslada a los extranjeros bajo custodia policial, ya sea dentro de territorio nacional o para expulsarles a sus países de origen, incluyendo los traslados bajo el paraguas de FRONTEX, por un período de 18 meses.

En la actualidad, este servicio está en manos del consorcio entre Air Nostrum y Barceló, que tras ser descalificada por incumplir alguno de los requisitos en la convocatoria de 2016, ganó la pugna legal con la UTE que resultó adjudicataria, Air Europa-Seiftair.

Requisitos marcados
Según el pliego de condiciones, entre otros requisitos los interesados habrán de contar con aviones con antigüedad no superior a 25 años y distintas capacidades --en una horquilla desde menos de 75 plazas hasta más de 200-- y ofrecer servicios "equivalentes a los de la Clase Turista" incluido un cátering.

Asimismo, la adjudicataria habrá de suscribir, además de los seguros estándar, una póliza específica que garantice la cobertura desde la subida hasta la bajada de la aeronave en cualquier país con una indemnización mínima por persona de 100.000 euros en caso de muerte o invalidez absoluta.