La Comisión Española de Ayuda al Refugiado denuncia las trabas con las que se encuentran los migrantes al llegar a España, dado que carecen de una asistencia legal de garantías y están “sometidos a la voluntad de quien esté al mando” en el momento de su llegada. Ante esta situación, y visto el gran incremento de la inmigración hacia España, desde CEAR consideran vital la creación de protocolos que sirvan para homogeneizar el proceso de recepción de inmigrantes. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha presentado este martes un informe a raíz de una investigación de campo que evidencia el “muro invisible” con el que se topan quienes consiguen llegar con vida en pateras a la Frontera Sur, una “pared” de arbitrariedad, irregularidades, inseguridad jurídica y falta de garantías levantada hasta conseguir que el destino de una persona que alcanza la costa española sea “una lotería” y dependa de la voluntad de quien esté al mando en cada momento.
Así lo han desgranado en rueda de prensa la secretaria General de CEAR, Estrella Galán; su directora de Políticas y Campañas, Paloma Favieres; y la activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) Khadija Ainani, preocupada por el incremento de llegadas de personas por la ruta marroquí que está viviendo la costa española en los últimos meses, a raíz de la represión de las revueltas en el Rif, la negociación de acuerdos comerciales entre el Reino Alauí y la Unión Europea y el cambio de las rutas migratorias.
El informe detalla que una vez llegan a puerto, los migrantes rescatados son sometidos a un triaje sanitario por Cruz Roja y después son puestos a disposición de las fuerzas de seguridad, que les detienen durante un máximo de 72 horas.
CEAR denuncia que no hay instalaciones adecuadas para ellos y depende del puerto al que arriben, pueden acabar como en Málaga, en “una carpa que se monta y se desmonta” o como en Motril, en una antigua lonja de pescado “con el hedor de aguas residuales” primero y en unos calabozos “insalubres” después; “los centros donde les detiene la policía no son compatibles con un Estado de Derecho”.
Según Galán, tampoco se les está garantizando la asistencia jurídica ya que en la mayoría de los puntos de desembarque los migrantes no ven a un abogado hasta que no se ha incoado ya el proceso (sancionador) de devolución, así que no tienen oportunidad de preparar su declaración inicial ni de conocer sus derechos y opciones.
CEAR denuncia también que la Policía Nacional no está autorizando al ACNUR a entregar el folleto informativo sobre protección internacional a las personas que llegan con un objetivo “absolutamente disuasorio”. En opinión de Favieres, es esta falta de información y de acceso a un abogado lo que explica las bajas cifras de solicitudes de asilo que registra España en este momento inicial de llegada de migrantes. “Esto evidencia que tenemos un problema en el acceso al procedimiento”, apunta. Además de los fallos en la asistencia jurídica, se dan más irregularidades, como la falta de intérpretes en el idioma que hablan los recién llegados.
Internamiento colectivo
Cuando se trata de la decisión judicial sobre estas personas, Favieres apunta que falta formación, pues «en algunos casos las entrevistas son colectivas e incluso en Motril “los autos de internamiento son colectivos”. El internamiento en CIE “debe ser la última medida”, pues hay alternativas de acogida para estas personas. La “sistematización” del internamiento explica según CEAR que se produzcan detenciones injustificadas y errores debido a las carencias en la identificación de los perfiles. En relación con esto, son llamativos casos como el de las seis costamarfileñas que han pasado 58 días en el CIE de Aluche o el uso de la cárcel de Archidona (Málaga) para internar a migrantes a su llegada, como muestra de “improvisación” y de que “se toman decisiones ‘ad hoc’” por falta de protocolos.
Las cifras de llegadas a España han aumentado, por lo que se da la necesidad de crear protocolos para homogeneizar el proceso de recepción de migrantes. Según Acnur en 2017 las llegadas subieron un 165 por ciento respecto de 2016.
