Coalición por Melilla (CPM) ha presentado una querella contra la vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma y consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez, por responder un mes y medio tarde y con una denegación a la petición de autorización para pasar corderos para la celebración del Aid El Kebir. El presidente de CPM y líder de la oposición, Mustafa Aberchán, dio a conocer esta querella junto con el abogado contratado por la formación, Gonzalo Boye, quien informó de que esta querella es por un supuesto delito de prevaricación, al entender que la resolución de la Consejería de Presidencia es “arbitraria” y “eminentemente injusta”.
Además, criticó que la respuesta de dicho departamento de la Ciudad Autónoma tampoco se ha producido en tiempo y forma, habida cuenta que la solicitud de autorización fue presentada por CPM entre los días 2 y 3 de agosto, “con tiempo suficiente” para que respondiera antes de que se celebrara la Pascua, el 22 de agosto.
Según Boye, las respuestas de la Consejería de Presidencia empezaron a llegar a CPM los días 18 y 19 de septiembre, un mes y medio después, y aunque reconoció que no había un plazo estipulado para que dicha Administración dictaminara su resolución, considera que debería haberlo hecho “con la mayor urgencia posible” al haber “una fecha prevista”.
Boye consideró “sorprendentes” las respuestas de la Consejería de Presidencia y Salud Pública porque la “única fundamentación” que apunta es que cualquier movimiento de animales al matadero debe ser realizado “por personas físicas, no confundir con particulares”.
Discriminación
El abogado dejó claro que “todo particular es persona física y toda persona física es particular”, por lo que “quizá querían decir no confundir con particulares musulmanes”, debido a la “discriminación” de este colectivo que, a juicio de CPM, se ha producido en este asunto.
Según Boye, dicha discriminación incumple el artículo 510.2 del Código Penal, que habla de la discriminación en relación de pertenencia a un grupo étnico o religioso, y el artículo 14 de la Constitución Española, por el cual “todos somos iguales ante la ley”.
“El colectivo musulmán tiene derecho a sus celebraciones”, afirmó el abogado de CPM, que considera “sorprendente” que “en España, por blasfemar respecto a la Iglesia Católica, se detenga personas y se le abran causas penales, y por ir en contra de la práctica privada del rito musulmán no pasa nada”.
Segunda denuncia
La denuncia que CPM ha presentado contra Velázquez se suma a otra de hace 10 meses contra el jefe veterinario de la frontera de Beni-Enzar y dos guardias civiles que estaban de servicio, a quienes esta formación acusa de prevaricación por impedirles pasar borregos procedentes de Marruecos entre el 15 y el 16 de agosto de 2017.
Dicha denuncia se encuentra en el Juzgado de Instrucción y CPM está a la espera de que se practiquen una serie de diligencias, tal y como apuntó Boye, en cuya opinión lo que ha ocurrido es “muy grave en términos de un trato correcto e igualitario hacia la comunidad musulmana”.
El letrado señaló que algunas de las órdenes ministeriales “eran contrarias a lo que decía la propia Ley de Sanidad Animal”, algo que el Gobierno este verano ha tratado de “normalizar” con otra orden que “no es perfecta, pero sí aclara una serie de puntos”, por lo que CPM solicitó permiso para pasar corderos a Melilla y ahora le ha sido denegado por la Consejería de Presidencia.
Según Boye, la consejera “está enmendado las órdenes ministeriales” y “con eso se está saltando también la Ley de Sanidad Animal”, “yendo en contra de las leyes que están promulgadas en el Boletín Oficial del Estado”.
Por ello, considera que los hechos deben ser investigados por la autoridad judicial en un marco de independencia y “no se deben dejar pasar estas cosas” porque “van a más”, como a su juicio ha ocurrido este verano respecto a 2017, hasta el punto de afirmar que “si no se ha llegado ya a un abuso sistemático, estamos muy cerca”.
