El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, apostilla que la ciudad "no puede ser un centro de residencia permanente de cientos o miles de menores marroquíes", sino que es preciso buscar soluciones como arropar, por parte del Estado y las comunidades autónomas llevar a la práctica la iniciativa melillense de abrir un corredor humanitario; una puesta que ya cuenta con el respaldo de Canarias y País Vasco. En declaraciones a la prensa, el presidente afirmó que "Melilla es la que tiene más experiencia en menores desde siempre, porque empezó aquí y porque hemos estudiado por activa y por pasiva cualquier posibilidad para atajar el problema en sí", por es motivo, "porque sabemos de esto, me parecen disparatados los comentarios de la oposición" sobre este asunto.
Corredor
Explicó que fruto de esta experiencia Melilla ha elaborado una propuesta que, tras conocerla, han logrado el compromiso de País Vasco y Canarias de participar como es la idea, dentro de un plan de contingencia nacional, crear un corredor humanitario entre las comunidades autónomas para el traslado y redistribución de menores.
"Canarias y el País Vasco están a favor del pasillo humanitario porque esto es un fenómeno que trasciende a Melilla y que afecta a Europa y hay que ponerse las pilas desde ya para dar soluciones", aseguró Imbroda.
"Debe quedar claro que Melilla no puede ser un centro de residencia permanente de cientos o miles de menores que llegan principalmente de Marruecos, porque es imposible", por eso defiende "con todas las cautelas y protecciones de la ley, que los menores tienen que salir de aquí y es una buena idea que ha surgido aquí del pasillo" que ha encontrado respaldo en Canarias y País Vasco.
En cuanto a cómo ponerlo en marcha, indicó que "lo primero que hay que hacer es contar con la administración central y con las comunidades que son las que tienen la responsabilidad de menores, pero es el Gobierno el que tiene que incorporarse como principio de solidaridad y cohesión nacional llevando la iniciativa y no a remolque de lo que decimos los demás".
Una vez conseguida esa implicación, después "las comunidades tienen que apoyarlo, y en otro estadio distinto, ya están las ongs y todas las organizaciones que trabajan con menores" para encargarse de esta redistribución, pero "fundamentalmente la decisión depende de la administración central e incluso de la Unión Europea".
