Lo interesante, y digno de imitar, es que las demandas por prevaricación no van dirigidas a un ente público determinado, sino a las personas físicas responsables de tomar las decisiones en esos entes. O sea, por poner un ejemplo melillense, no contra la Consejería de Fomento, sino contra Javier González” Ha sido muy interesante y muy instructivo lo que ha ocurrido con los taxistas y sus manifestaciones violentas en Madrid y en Barcelona, con muy distintos finales y con consecuencias, económicas, penales y de imagen, aún por determinar.
En primer lugar se ha puesto de manifiesto cómo se puede politizar por parte de los partidos antisistema en el peor sentido del término, una cuestión económica, cómo se puede convertir una huelga en una algarada matonil que ha destrozado ante los ciudadanos la que era buena imagen de los taxistas madrileños y barceloneses.
También se ha manifestado cómo distintas políticas logran diferentes resultados. En la Barcelona podemita y separatista se tomó la decisión de ceder ante los taxistas chantajistas y la consecuencia ha sido la retirada de otros profesionales del transporte urbano y la puesta en el paro de varios miles de persona, además de un daño monumental al conjunto de los barceloneses. En Madrid un presidente del PP en la Comunidad que va a ser relegado de su cargo a partir de mayo se plantó ante los matones, que muy elegantemente y entre otros desmanes se habían manifestado frente a la sede madrileña popular vociferando que en la próxima cita electoral les iba a votar “su p… madre”. El resultado ha sido que Cabify y Uber, las dos grandes alternativas al tradicional taxi, siguen en Madrid para beneficio de los madrileños, que muchas personas que cogían habitualmente el taxi en Madrid van a dejar de hacerlo y que los taxistas manifestantes y violentos se han rendido total y vergonzosamente sin conseguir ni siquiera lo que en principio les habían ofrecido.
Pero todo este lamentable espectáculo de los taxistas barceloneses y madrileños va a tener también unas consecuencias políticas y económicas que son muy interesantes para los melillenses. Cabify y Uber han hecho pública su intención de demandar miles de millones de euros por los daños causados a sus empresas y los empleados despedidos en Barcelona. Y lo interesante, y digno de imitar, es que las demandas por prevaricación no van dirigidas a un ente público determinado, sino a las personas físicas responsables de tomar las decisiones en esos entes. O sea, por poner un ejemplo melillense, no contra la Consejería de Fomento, sino contra Javier González.
Muchos de los problemas, económicos principalmente, que Melilla tiene y sus empresarios y comerciantes denuncian incesantemente, se derivan de una burocracia y unos políticos acostumbrados a no tomar decisiones, a paralizarlo todo, y a quedar impunes por su inacción. Ya se ha demostrado que denunciar a un ente público no les importa, ni les cuesta dinero a los que dirigen ese ente, a los que han de tomar decisiones que no toman. Quizás hay que seguir la iniciativa de Uber y Cabify y denunciar a personas concretas. Quizás así, solo con el simple anuncio de hacerlo, todo empezaría a cambiar y mejorar.
