El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, instó ayer a promover un cambio de la Ley de Tropa y Marinería, aprobada en 2006, para facilitar la reinserción en la vida civil de los militares profesionales que se ven obligados a dejar las Fuerzas Armadas tras cumplir los 45 años. En rueda de prensa, Imbroda consideró que esta labor no corresponde únicamente al Ministerio de Defensa, sino que debe intervenir «todo el Estado en su conjunto», en alusión a la Administración central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, diputaciones y cabildos, para que reserven plazas para este colectivo.
Imbroda dejó claro que la Ciudad Autónoma de Melilla tiene «autoridad moral» para hacer esta reivindicación, después de haber sido pionera en España en firmar un convenio con la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) para intentar facilitar dicha reinserción en la vida civil a los militares de más de 45 años.
En dicho acuerdo, firmado el mes pasado, la Ciudad Autónoma se comprometía a proporcionar a este colectivo formación y reservar un 10 % de las plazas que salgan a oposición en la Policía Local de Melilla, entre otras actuaciones.
«No hablamos de oportunismo ni de repentizaciones, sino de pautas marcadas y definidas sabiendo cuál es el camino», dejó claro el presidente melillense negando, de esta manera, que su propuesta tenga que ver con el periodo electoral, ya que la Ciudad Autónoma lleva más de un año trabajando en este sentido.
En concreto, Imbroda se refirió al artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería, según el cual el Ministerio de Defensa promoverá acuerdos de colaboración con las administraciones autonómicas y locales para que se reserven plazas para este colectivo, si bien los seis subapartados de los que consta “no se han desarrollado nunca”.
Así, señaló que únicamente se han reservado plazas en la Policía Nacional, la Guardia Civil y los cuerpos laborales del Ministerio de Defensa, de modo que el artículo 20 no ha sido más que “un cúmulo de deseos y de intenciones”.
Por ello, abogó por “ir a más” y promover un cambio en la legislación para que la implicación de todas las administraciones públicas tenga “un carácter legal imperativo” que “habría que acordar con base en beneficios fiscales y de Seguridad Social” para que este colectivo pueda integrarse en la administración civil.
Esto, aseguró Imbroda, es algo que “está hablado” con el presidente nacional del PP, Pablo Casado, para que la formación popular en su conjunto “pivote” este objetivo y lo “arrastre de manera decidida” en toda España, más allá de Melilla, donde ya se estaba trabajando en este sentido.
“Gran contingente” en Melilla
Imbroda destacó la preocupación que la Ciudad Autónoma tiene sobre esta cuestión, debido al “gran contingente” de las Fuerzas Armadas que hay en Melilla, formado por profesionales militares, “muchos melillenses”, que “son jóvenes u dan lo mejor de sus vidas por trabajar por España”.
“Queremos que sigan aquí y se reincorporen a la vida civil sin problema”, insistió Imbroda para poner en valor el compromiso del PP y de sus candidatos de que, en caso de que logren los tres escaños de Melilla en las Cortes Generales, van a trabajar “muy fuertemente” para que “los militares tengan un futuro cierto y no incierto cuando tienen una cierta edad, familias, hijos y las cosas más difíciles”.
“Hay que ir pensando en recuperar las retribuciones de los funcionarios”
Durante su comparecencia, Imbroda también se refirió a los funcionarios, un colectivo del que “también hay que acordarse” porque durante “la gran crisis en la que nos sumergió Zapatero con políticas socialistas que eran ruinosas”, los empleados públicos de España sufrieron un recorte del 10 % en sus retribuciones. El efecto perdura porque aún no han recuperado el poder adquisitivo que tenían en 2007 y 2008, por lo que Imbroda se mostró convencido de que “hay que ir pensando en que hay que ir recuperando esas retribuciones”.
