La Magistrada Titular del Juzgado de lo Penal número dos de Melilla ha condenado a un hombre a un año de prisión por un delito de atentado, y a una pena de 180 euros de multa por delito leve de maltrato por la agresión a un facultativo médico del Centro de Salud de la Zona Norte de la ciudad (Cabrerizas). Los hechos, según recoge la sentencia del pasado 15 de julio, sucedieron sobre las 11.30 horas del 23 de noviembre de 2016, cuando el condenado “acudió al Centro de salud Zona Norte sin cita previa, alegando dolor , siendo incluido como paciente no demorable por padecer una odontalgia y asignándole” un facultativo médico.
No obstante el condenado exigió “un trato preferente y atención inmediata”, que cuando salió el referido médico con el listado de pacientes en mano y “comunicarle que debía esperar su tumo con absoluto desprecio al principio de autoridad, se abalanzó sobre é”.
Asimismo detalla que el agresor le propinó al facultativo “un manotazo en la cara que no le produjo lesión, arrugando el listado de pacientes, golpeando posteriormente de forma agresiva con el puño el marco de la puerta, sin causar daños en el mismo, abandonando posteriormente el centro de Salud”.
En los fundamentos de derecho de la sentencia se señala que “los hechos objeto de enjuiciamiento son constitutivos de un delito de atentado a agentes de la autoridad del artículo 550 .1 ° y 2° del Código Penal que castiga con penas de prisión a los que acometan a la autoridad o a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.
La Magistrada ha acordado la suspensión de la pena de prisión por plazo dos años al no tener antecedentes penales el condenado, si bien está condicionada a que no delinca durante este plazo, pues, en caso contrario, se revocaría esta suspensión.
La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), muestra su satisfacción por el sentido de la citada sentencia, en la que se reconoce el delito de atentado cometido contra un profesional sanitario en el ejercicio de su función pública. Asimismo, reitera que continuará denunciando ante la justicia cualquier acción violenta, física o verbal, contra los profesionales de la sanidad.
