El Consejo de Gobierno de Melilla, formado por Ciudadanos (Cs), PSOE y Coalición por Melilla (CPM), aprobó ayer la realización de una auditoría de la contratación menor que llevó a cabo el anterior Ejecutivo regional, presidido por el PP, durante los últimos 10 años. En rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Economía y Empleo, Julio Liarte, explicó que se trata de una propuesta suya para incluir una auditoría sobre la contratación menor en el plan de control financiero que realiza la Intervención General de la Ciudad Autónoma en el año 2018.
Con esta auditoría, que hará el interventor y que estará lista en unos 6 meses, se va a realizar un control de los contratos menores realizados por 10 áreas de la Ciudad Autónoma que han estado integradas en diferentes consejerías, entre las que se encuentran el Instituto de las Culturas, la Fundación Melilla Monumental, el Patronato de Turismo y la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emvismesa).
El consejero admitió que en los primeros pasos del actual Gobierno no han visto todavía indicios de irregularidades en la gestión de fondos públicos que le haya llevado a tomar esta decisión, pero considera “obvio” que podría haberlas en la contratación menor “tal y como se ha utilizado en un periodo de tiempo muy amplio”, lo que hace necesario “controlarlo e investigarlo”.
“No digo que sea, pero puede ser un núcleo de facturas con un evidente sobreprecio sobre los precios de mercado, que son los que serían contratados por dos empresas virtual o materialmente independientes en el mercado para realizar cualquier actuación”, afirmó Liarte.
Excluida de fiscalización
Justificó dicha necesidad de realizar esta auditoría porque la contratación menor está excluida del ámbito de fiscalización previa que realiza el interventor, de manera que el único control que se hace es el del pago, comprobando que no supera las cantidades establecidas por la ley, es decir, 15.000 euros para servicios y suministros y 40.000 para obras.
Ello, sumado al hecho de que el Tribunal de Cuentas tampoco lleva un control financiero de este tipo de contratos, “salvo honrosas excepciones muy limitadas”, ha llevado al nuevo Gobierno a encargar esta auditoría, ya que “existe una masa de dinero muy grande, una ingente cantidad de dinero que prácticamente no ha tenido control en los últimos 10 años”.
Afirmó que en ese tiempo “han surgido banderas rojas que podrían indicar funcionamientos inadecuados de la administración pública en la tramitación de algunas de estas facturas en diferentes áreas”, de ahí que el Ejecutivo haya determinado que la auditoría se haga desde 2009, ya que en ese periodo aún hay “memoria histórica de situaciones que han ocurrido en el pasado” y los supuestos delitos “no estarían prescritos”.
