Transcurridos los primeros cien días de legislatura, y tras varios intentos infructuosos del nuevo Ejecutivo local de posponerlo, finalmente ayer tuvo lugar el primer Pleno de Control al Gobierno. El cambio también ha llegado en la forma en que el presidente de la Ciudad Autónoma afronta estas sesiones plenarias. A diferencia de su antecesor, Juan José Imbroda, que se sentaba en la bancada de su grupo para afrontar el Pleno de Control, dejando que lo dirigiera la entonces vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, el nuevo presidente, Eduardo de Castro, lo vivió sentado en la silla principal de la Mesa, rehuyendo el debate e interviniendo solo durante 5 de los 120 minutos que se prolongó el Pleno. Lo hizo, además, en el segundo turno de palabra de la primera interpelación del PP, cuando los populares ya no tenían oportunidad de réplica. De Castro adopta así una práctica que fue muy criticada por el tripartito cuando estaba en la oposición, cuando exigía a Imbroda que fuera él, como presidente, quien respondiera a las interpelaciones y preguntas de mayor contenido político. Como en los plenos anteriores, fue la portavoz del Gobierno, Gloria Rojas, quien tuvo que asumir ese papel. Fue Rojas quien justificó el hecho de que el Gobierno tripartito no haya dado a conocer su programa de legislatura, pese a haber transcurrido más de tres meses de gestión, al apuntar que no lo hará hasta que no tenga aprobado su propio presupuesto. Según dijo, el Ejecutivo está gestionando en estos momentos “con las manos muy atadas” con el presupuesto del anterior.
Rojas aseguró que los tres partidos que conforman el Ejecutivo, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs), tienen el programa elaborado tras haber sido negociado por sus respectivos equipos, pero argumentó que no se dará a conocer hasta que no haya presupuesto y que el PP no les marcará “los ritmos”.
“Nos parece muy poco serio empezar a prometer cosas con un presupuesto que no es el nuestro”, defendió Rojas, que considera que esta decisión es un ejercicio de “verdadera responsabilidad con la ciudadanía” porque será entonces cuando puedan trabajar con unos presupuestos elaborados por ellos mismos, que reflejen “el modelo de ciudad que este Gobierno quiere”.
Esta es la respuesta que el Gobierno dio en la primera interpelación presentada por el PP en el primer pleno de Control al Gobierno de esta nueva legislatura, avanzando únicamente que la base es “el bienestar de todos los melillenses”, y algunas decisiones, la primera realizar una auditoría integral de la gestión realizada por el anterior Gobierno popular.
También mencionó la protección de la neutralidad de los órganos de control interno de la Ciudad Autónoma, potenciar el portal de transparencia, la aprobación del reglamento de participación ciudadana, un pacto por el empleo, potenciar políticas de apoyo al pequeño comercio y un plan estratégico de turismo.
Preocupado por el sueldo
El portavoz popular, Miguel Marín, le replicó afirmando que Rojas “no ha dicho nada” y se mostró disconforme con la teoría planteada por la portavoz del Gobierno local al preguntar si es que dicho documento es “un secreto de Estado” o “un documento clasificado”.
Además, criticó que esta interpelación no fuera respondida por Eduardo de Castro, que esperó para intervenir al segundo turno de palabra del Gobierno, cuando el PP ya no tenía posibilidad de réplica, asegurando que el primer objetivo de su Gobierno “ha sido poner orden en la Ciudad Autónoma”. De Castro dedicó sus breves 5 minutos de intervención a volver a lanzar reproches contra el anterior Gobierno, y más concretamente contra su antecesor por no haber acudido aún a ningún pleno, algo que también hizo la vicepresidenta primera de la Asamblea, Dunia Almansouri, minutos más tarde.
Durante la interpelación, Marín acusó a De Castro de provocar “una situación absolutamente ilegal” en los primeros pasos de la legislatura al cesar a los consejeros y viceconsejeros que estaban en funciones 15 días antes de nombrar a los nuevos miembros del Gobierno, dando lugar a que en ese tiempo hubiera “una ausencia ilegal de Gobierno” con un Ejecutivo “unipersonal”, que era el propio presidente.
Asimismo, acusó a De Castro de no haber hecho nada durante los cuatro años anteriores en la oposición porque “no sabe a estas alturas qué hacer con la ciudad”, dado que tampoco ha presentado hasta ahora el programa de Gobierno, lo que para Marín evidencia que el presidente ha estado más preocupado de aprobar “su propio sueldo de 7.000 euros al mes” en vez de resolver los problemas de la ciudad.
Por último, dejó claro que “el único elemento en común” del nuevo Gobierno “fue echar al PP del Gobierno pese a ser el partido más votado” en las elecciones, al tiempo que defendió la gestión del anterior Gobierno, auditada por el Tribunal de Cuentas.
También acusó a De Castro de mentir en varias ocasiones de forma pública, y le instó a que adopte medidas que el PP tenía planteadas para mejorar la economía, como la ampliación del puerto, la terminal de cruceros o la ampliación de bonificaciones como las de la Seguridad Social o el IRPF.
