La Fiscalía de Granada ha solicitado 20 años y medio de prisión para un hombre de 34 años acusado de secuestrar en la costa granadina, a inmigrantes que llegaban en patera, en travesías que él mismo organizaba, al objeto de posteriormente reclamarles dinero a cambio de falsos papeles, o emplearlos irregularmente en un invernadero. En la causa también están acusados otro individuo de 26 años, y como el anterior de nacionalidad marroquí, para el que la Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Ambos acusados serían miembros de una organización “con una estructura estable y jerarquizada” para “favorecer la inmigración clandestina" a España desde Marruecos.
Así se descubre, hace constar el fiscal, en el marco de una investigación llevada a cabo en Motril por la Policía Nacional desde comienzos de 2018, y que ha dado lugar también a la acusación pública contra una mujer de 27 años que se enfrenta a cuatro años de cárcel por supuesto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.
A las víctimas, a los que recogía el acusado principal a pie de patera en la costa de Cádiz, se les ofrecía que, una vez en territorio español, tendrían “manutención y alojamiento” con el fin de “proporcionarles un empleo de manera ilegal” o "contratos de trabajo irreales o simulados" para obtener "de manera fraudulenta subsidios públicos españoles”.
Todo ello "a cambio de importantes sumas de dinero" que los investigados supuestamente se aseguraban atentando contra su libertad "al llegar en algún caso a retenerlos contra su voluntad en viviendas alquiladas" para ello.
De hecho, el acusado principal, en prisión provisional por estos hechos desde el 2018, se enfrenta a 12 años de prisión por la presunta comisión de un delito de secuestro, a siete por un supuesto delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, y a uno y medio por otro contra el derecho de los trabajadores, a lo que hay que sumar la petición de pago de más de 9.600 euros de indemnización por daños morales al testigo protegido.
Esta persona, junto con otros nueve inmigrantes, consiguieron escapar "transcurridos aproximadamente dos meses de cautiverio" en una vivienda de alquiler de Torrenueva, donde el procesado en prisión "les dejaba cada 15 días que llamasen por teléfono a sus familiares", siempre, según el fiscal, en su presencia, y para que les solicitaran dinero.
No les llevaba comida a diario, y, con sus ayudantes, "dejaban a aquellos encerrados bajo llave cuando se ausentaban del mencionado piso", y les obligaban "a que no se comunicaran con nadie e impidiéndoles bajo amenazas de muerte que abandonaran" el inmueble.
