El Partido Popular de Melilla insta al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro a que se adopten “las medidas legales pertinentes para dar cumplimiento a la prórroga del contrato mandatada por la Comisión de Bienestar Social, según acuerdo del 13 de noviembre”.
El diputado y portavoz del PP en la Asamblea de Melilla, Miguel Marín, expone que el próximo 7 de enero de 2020 finaliza el contrato denominado "Guarda y atención integral a menores a través del centro educativo Fuerte de la Purísima".
El pasado 13 de noviembre, la Comisión permanente de Bienestar Social, a propuesta del entonces consejero del área Fernando de la Rubia, aprobó la prórroga y modificación del citado contrato.
Pero manifiesta que hasta la fecha, por parte de la Consejera competente en materia de contratación, Dunia Almansouri “no se ha procedido a la ejecución del acuerdo para la formalización de la prórroga y a la pertinente comunicación a la empresa adjudicataria de dicho contrato”.
Indica que han tenido conocimiento de la existencia de un escrito remitido por el actual consejero de Distritos, “ desde su correo corporativo dirigido a la empresa, comunicándole su decisión personal de no llevar a cabo la prórroga aprobada en Comisión”.
Este escrito “carece, como es obvio, de la más mínima validez legal dado que no cumple ninguno de los requisitos exigidos por las normas de aplicación”, e igualmente ayer la consejera de Hacienda aseguró ante los medios de comunicación que, por parte del Gobierno, “no existe intención de prorrogar el contrato referido, incumpliéndose gravísimamente el mandato imperativo de la Comisión permanente de Bienestar Social”.
Por todo ello, “advertimos de las responsabilidades penales·, administrativas y patrimoniales que podrían derivarse de la antijuridicidad de dicha actuación; responsabilidades que, sin duda, alcanzarían al presidente y resto de miembros del Consejo de Gobierno que, siendo conocedores de la flagrante ilegalidad anunciada, no adopten las medidas correspondiente para evitarla”.
Por todo lo expuesto, instan a que, por parte del presidente de la Ciudad y del Consejo de Gobierno, “se adopten las medidas legales pertinentes para dar cumplimiento a la prórroga del contrato mandatada por la Comisión de Bienestar Social, según acuerdo del 13 de noviembre”.
