El Gobierno de Melilla ha manifestado su preocupación por no poder disponer todavía de los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de 2020 (PGCAM), un asunto que se ha visto ralentizado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha obligado a remodelar el Ejecutivo, aunque confía en tenerlos aprobarlos este mes.
A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta primera y portavoz de la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas, argumentó que todos los miembros del Gobierno regional están “muy preocupados” porque necesitan tener de forma “urgente” los PGCAM de 2020 “por cuestiones políticas y de funcionamiento”.
Aunque en un primer momento el Ejecutivo aseguró que el anteproyecto presupuestario estaba ya elaborado, Rojas admitió que “faltaban cosas”, como por ejemplo, la elaboración de las plantillas de la Ciudad Autónoma, sin las cuales no se pueden aprobar los Presupuestos.
Este asunto, que compete directamente a su área, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, se ha visto afectado directamente por la remodelación que se ha tenido que llevar a cabo en el Gobierno melillense por la sentencia del Supremo, que obliga a que las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta tengan en sus respectivos ejecutivos solo personas electas.
El cambio de responsable en esta consejería ha obligado a modificar también los miembros de la Mesa de Negociación y de la Comisión de Interpretación, Valoración y Estudios (CIVE), órganos que deberán reunirse a principios de la próxima semana, una vez que el Consejo de Gobierno apruebe mañana su nueva composición, que es “el último paso” que le queda a su área.
Sentencia del TS
Rojas reconoció que la sentencia del Tribunal Supremo y la posterior remodelación del Ejecutivo “ha paralizado” su gestión y provocado que “un montón de cosas vayan más lentas de lo habitual”, entre ellas los Presupuestos de 2020, que al Gobierno le hubiera gustado tenerlos ya aprobados, algo que espera que pueda ocurrir este mismo mes.
Los pagos a los trabajadores en los servicios externalizados “es cuestión de las empresas”
La vicepresidenta primera de la Ciudad Autónoma, Gloria Rojas, puntualizó ayer que el retraso en los pagos a trabajadores de servicios que la Administración local tiene externalizados no es una cuestión del Gobierno melillense, sino de las empresas adjudicatarias de dichos contratos.
No obstante, admitió que el Ejecutivo local también debe estar atento para que “estas cosas no pasen por el bien de los trabajadores y del servicio que se da a la ciudadanía”.
