“Lo cierto es que el estado de la ciudad es mucho peor que cuando llegaron”. Con esta frase, dirigida al tripartito que conforman Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) al frente del Gobierno local, el portavoz del PP, Miguel Marín, cerró la media hora de intervención con la que contó ayer su grupo en el primer Debate del Estado de la Ciudad de esta legislatura. En realidad, la única media hora de oposición durante la sesión plenaria, dada la ausencia del grupo Vox.
Esta circunstancia llevó a Marín a hacer una intervención acelerada para intentar responder a los tres partidos del Gobierno, a los que instó a que copien las medidas del programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones autonómicas de mayo del año pasado. “Se lo vamos a agradecer y seguro que también los ciudadanos, porque Melilla irá mejor y ellos vivirán también mejor”, dijo.
Basó su petición al afirmar que el tripartito carece de programa casi ocho meses después de haber alcanzado un acuerdo que dio lugar al cambio político después de 20 años de Ejecutivo de Imbroda. Una época que el PP quiso llevar ayer al Salón de Plenos mostrando el libro de actuaciones que resume su gestión en dos décadas.
Marín incidió en que el Gobierno de Melilla, en la actualidad, no tiene rumbo ni ideas, mientras que el PP “sí tiene propuestas” para combatir los principales problemas de Melilla, fundamentalmente de tipo económico, educativo y fronterizo. De hecho, enumeró diez de ellas, entre ellas la ampliación del puerto, el desarrollo de la industria de cruceros, el aumento de las ventajas fiscales de Melilla o la reapertura de la aduana comercial.
Propuestas que llegaron en los minutos finales, los únicos en los que los populares dejaron aparcados sus duros reproches al Gobierno durante el debate, en el que quiso distinguir entre “el presidente teórico, Eduardo de Castro”, y el “presidente de hecho, Mustafa Aberchán”.
“Vendió el alma a Aberchán”
El portavoz del PP insistió en que la presidencia de De Castro es “manifiestamente ilegítima” por ser el partido menos votado de la Asamblea, y le afeó que no dijera antes de las elecciones que iba a pactar con Aberchán. “Si lo hubiera hecho, no habría sacado ni un diputado”, afirmó Marín, convencido de que el líder de Cs en Melilla “engañó a los melillenses”. Lo mismo dijo de Aberchán, porque “estuvo mintiendo a los bereberes usando la religión. Ese engaño le perseguirá siempre”, aseveró.
“Los melillenses votaron mayoritariamente al PP y a Imbroda, y De Castro desoyó al Pueblo e hizo caso omiso a su partido. Se convirtió, de facto, en un tránsfuga”, continuó Marín en sus críticas al presidente de la Ciudad Autónoma, del que dijo que “el 15 de junio vendió su alma a Aberchán, se convirtió en su rehén y, a partir de ese momento, en su hombre de paja”. “Excepto para las fotos, quien preside y gobierna es Aberchán”, agregó.
Rojas, “espectadora”
En este punto, el PP también incluyó al PSOE en su crítica, concretamente a su secretaria general, Gloria Rojas, por ser “la espectadora que permite que Aberchán haga lo que le viene en gana en este Gobierno, sin importarle nada si perjudica a su partido o a Melilla”, aunque eso suponga “quedarse con todas las áreas de Gobierno importantes” y “hacer los Presupuestos”, de los que dijo que son “desastrosos”.
Marín, que considera que De Castro lo único que ha resuelto en estos meses es “lo que más le preocupaba, su sueldo, 7.000 euros al mes, el más alto que le permite la ley”, también acusó al presidente de “numerosas irregularidades” por dar órdenes antes de la publicación de su nombramiento, razón por la que ha presentado una denuncia en los juzgados.
El Gobierno paga las facturas en 31 días, más de lo que dice la ley para las inversiones financieras sostenibles
El dato lo dio el presidente del Gobierno melillense, Eduardo de Castro: la Ciudad Autónoma ha cerrado el año con un periodo medio de pago a los proveedores de 31 días. Y aunque es notablemente inferior a los 43 días que registró entre junio y septiembre, periodo en el que ya se había producido el cambio de color político en el Ejecutivo, la realidad es que esos 31 días están uno por encima de lo que marca la ley para que se puedan hacer las inversiones financieras sostenibles con cargo al superávit de 2019, tal y como se ha venido haciendo en los dos últimos años. El PP advirtió de que eso supondrá “menos inversión y menos empleo”.
