El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este viernes una reunión interministerial en el Palacio de la Moncloa sobre inmigración, en la que también ha participado el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Este encuentro, fijado desde hace días, se ha producido un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya avalado las devoluciones sumarias –'en caliente'–. La reunión, según fuentes de Moncloa, se había convocado hace tiempo y en ningún caso se ha organizado con el objetivo de analizar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las fuentes consultadas no han podido confirmar si en la reunión se ha hablado de la sentencia de Estrasburgo, aunque parece obvio que un asunto tan trascendente habrá formado parte del debate, aunque en el orden del día se hubiesen previsto tratar originalmente otros asuntos.
Tanto el PSOE, estando en la oposición, como Podemos han defendido en numerosas ocasiones la prohibición de las devoluciones en caliente, si bien no incluyeron en el acuerdo del Gobierno de coalición esta cuestión de forma explícita, en el punto que habla de aprobar una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la conocida coloquialmente como 'Ley mordaza'.
Tras hacerse pública la sentencia, el Ministerio del Interior trasladó a Europa Press que el Ejecutivo respeta y acata, "como no puede ser de otra manera", la resolución de la Gran Sala, que ahora ha cambiado de criterio y revoca una sentencia inicial emitida por este mismo tribunal en octubre de 2017, cuando condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014 al considerar que vulneró el Convenio Europeo de los Derechos Humanos.
Este viernes, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que no comparte la resolución adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Respetando las sentencias, no comparto la resolución que se ha tomado", ha lamentado Díaz en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que España "debe estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales".
