La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT volvió a concentrarse ayer a las puertas del Palacio de la Asamblea, para seguir luchando contra la persecución sindical por parte de Caldererías Indálicas hacia su exdelegado de personal, Abderramán El Fahsi. El sindicato tomó la decisión de llevar el caso a los Juzgados y están a la espera de que, a finales del mes de marzo, tengan lugar los diferentes juicios ya que han interpuesto varias demandas, una por despido improcedente y otra por el traslado a Almería. También, han lanzado una campaña informativa para llegar a un nuevo convenio para las empresas del sector del metal. Abderramán El Fahsi, exsecretario general de FICA-UGT y representante de los trabajadores de Caldererías Indálicas, explicó a los medios de comunicación que piensa seguir con las concentraciones porque están “comprometidos” con luchar por los derechos de los trabajadores con los instrumentos que tengan.
Apuntó que todo se encuentra en los Jugados y calcula que para finales de marzo tendrá lugar el primer juicio por la persecución judicial, además de otro por despido improcedente.
Además, dejó claro que ha denunciado desde el primer día la persecución sindical por parte de Caldererías Indálicas en el momento que empezó a llevar a cabo su función de reclamar “lo que es de los trabajadores”.
El Fahsi cuenta que lleva dos meses parado sin percibir salario de ningún lado, pero asegura que “la lucha continuará hasta que la Justicia diga la última palabra”. En cuanto a su puesto, indicó que, no ha sido ocupado por nadie ya que él estaba como camión gruista, “pero como el camión era tan viejo, lo mandaron a reparar y lo desplazaron, por ello, tenía que irme a Almería”.
Detalló que la empresa quiso aplicar el artículo de movilidad geográfica, alegando que para continuar tenía que trasladarse a Carboneras cuando no tiene familia, ni casa, ni ninguna relación con ese pueblo, “además con unas condiciones laborales que no me permiten vivir dignamente”.
Aunque cree que el detonante de la persecución ha sido por denunciar los contratos fraudulentos que ha habido en la empresa, porque intentó negociar solicitándoles reuniones para llegar a acuerdos, y como no se dio el caso, tuvo que denunciar.
“Hay un aprovechamiento por parte de las empresas que se desplazan a Melilla porque se quedan con contratos buenos, mucho dinero, beneficiándose de los convenios que son muy bajos con unos salarios muy precarios”, sostuvo.
El exdelegado sindical resaltó que los salarios de Melilla con los pluses de residencia y el de bonificación no llegan a los 950 euros del salario mínimo interprofesional que se aprobó por el Gobierno.
“Hay tres categorías por debajo de esos salarios, somos al fin y al cabo una ciudad más de derechos y tenemos que tener los convenios actualizados como el resto”, concluyó.
