La senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo, afirmó ayer que el Ministerio de Trabajo es actualmente “el enemigo número uno de la creación de empleo” por la gestión que está realizando en la crisis derivada de la pandemia, entre la que ha destacado el “acuerdo maldito” firmado con Bildu para derogar la reforma laboral.
Acedo sacó esta conclusión tras la comparecencia el lunes en la Cámara Alta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la que criticó que contestara “con evasivas” a las preguntas de los populares respecto a “si está con Bildu o con la ministra Calviño y trasladar un mensaje de tranquilidad al país”.
Sin embargo, Acedo lamentó que la comparecencia de Díaz generara “mayor inseguridad aún en el país” y, pese a ello, “se vanaglorió de la gestión de su Ministerio, obviando que hay 900.000 desempleados más que el mes anterior, 122.000 empresas que han cerraron y 1.400.000 autónomos que han tenido que acogerse a la prestación de cese de actividad”.
La situación, advirtió Acedo, se podría agravar de llevarse a cabo la derogación de la reforma laboral recogida en el pacto entre el Gobierno y Bildu, habida cuenta que “condena al despido a los 4 millones de españoles que están acogidos a un ERTE y que, si es así, pasarán a ser ERES”.
“No se puede mercadear con el estado de alarma y seguir en excepcionalidad en la que se encuentran tan cómodos, incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de conceder privilegios a Navarra y el País Vasco sobre la libertad de movimiento de sus ciudadanos en detrimento de los ciudadanos del resto de comunidades”, dejó claro Acedo.
Exigencias
Por ello, explicó que el PP reiteró el lunes las propuestas que lleva meses realizando y que ahora se han convertido en “exigencias”, ya que “no tenemos tiempo y los efectos de la crisis ya están en la economía de las familias”, de manera “devastadora” en muchas de ellas.
Entre esas “exigencias”, se encuentra la de acometer inmediatamente el pago de los ERTE que aún están sin pagar, “lo que está dando lugar a situaciones verdaderamente dramáticas en las familias españolas”.
Además, el PP también quiere que se amplíe el plazo de los ERTE no solo hasta el 30 de junio, sino hasta diciembre si fuese necesario en determinados sectores condicionados por la actividad.
Asimismo, Acedo indicó que su partido reclama que se dé una solución real a la situación de los autónomos, ya que los datos son “poco halagüeños”, habida cuenta que 300.000 podrían cerrar su negocio en 2020 y el 40,5% de este colectivo, de más de tres millones de trabajadores, duda si podrá continuar con su actividad en el futuro.
“Es decir, que 1,2 millones de autónomos ven peligrar seriamente su negocio. Las consecuencias con estos parámetros para el empleo serán notables”, señaló la senadora, convencida de la necesidad de plantear soluciones reales e inmediatas a la situación de este colectivo laboral, importante para el tejido productivo de España.
Pese a ello, criticó el hecho de que las mutuas estén pidiéndoles documentación sobre el cese de la actividad, de manera que “no podrán acreditar la caída de actividad del 75 % en marzo y van a tener que devolver la prestación”, lo cual, además de “penoso”, Acedo cree que es “trágico”, de ahí que haya insistido en la propuesta del PP para que ese porcentaje bajara del 75 % al 40 %.
De igual modo, Acedo se preguntó qué solución se va a articular desde el Ministerio de Trabajo para los 150.000 autónomos de temporada y si se les va a permitir darse de alta ahora y pedir la prestación por cese de actividad, e incidió en la necesidad de establecer planes específicos para incentivar el empleo de colectivos vulnerables como las personas con discapacidad y jóvenes.
Por último, se refirió a la formación profesional para el empleo y la importancia de que el Gobierno ponga en marcha estos fondos para las comunidades autónomas, de manera que se vean beneficiados los parados en la búsqueda activa de empleo y el sector de la formación privada.
“Cuando más falta hacen certezas, el Gobierno opta por la improvisación”
“En un momento histórico, cuando más falta hacen certezas, el Gobierno de España opta por la improvisación y, cuando más necesaria es la seguridad jurídica en el ámbito laboral, ha optado por una inseguridad jurídica sin precedentes que puede causar efectos desastrosos y sin precedentes en el país”, criticó Sofía Acedo.
Por ello, exigió a la ministra que rectifique y el Gobierno “se ponga a trabajar” en “salvar la economía de muchas familias españolas que están viviendo situaciones verdaderamente dramáticas”, ya que considera que eso es “lo importante y lo urgente”.
