Seis ONG han reclamado al Defensor del Pueblo una investigación urgente por la gestión de la acogida de personas migrantes, solicitantes de asilo, menores y jóvenes extutelados en la Ciudad Autónoma de Melilla durante el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus. Según han denunciado, la gestión de la acogida es “opaca e insuficiente”, hay “falta de recursos sociales y habitacionales disponibles” y existen “deficiencias estructurales y de los servicios provistos en esta ciudad”.
Las ONG han criticado que cientos de personas “han visto limitados sus derechos más allá de lo establecido en la normativa reguladora del Estado de Alarma” y han vivido “con unos servicios mínimos deficientes como escasez de comida, de agua y falta de atención sanitaria”, entre otros.
Las entidades que han acudido al Defensor del Pueblo son: Médicos del Mundo, Save the Children, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la Red Migrantes con Derechos y la Asociación Geum Dodou Melilla.
Tal y como han explicado, el recinto El V Pino, la plaza de toros, la mezquita del cementerio musulmán y el fuerte de Rostrogordo son los espacios ofrecidos en Melilla para albergar a cientos de personas en especial situación de vulnerabilidad. Son personas que vivían en la calle, o que han llegado a España en el estado de alarma, o que han sido trasladados de centros de acogida saturados como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
Según han lamentado, espacios como el recinto de El V Pino –que ya ha cerrado sus puertas– “ha albergado a unos 200 hombres y a una mujer sin ventilación ni climatización”. “Con las lluvias de abril y mayo, las carpas se llenaron de goteras que caían directamente en las literas”, han agregado.
Y hacen especial hincapié en la situación de los aseos, ya que había tres váteres y una ducha en mal estado para unas 200 personas. “Frente a estas malas condiciones, muchas de ellas preferían orinar en botellas. Además, las camas, tipo literas, carecían de colchón, sábanas o almohadas”, han añadido las ONG, que han manifestado que tampoco había servicio de lavandería, no había conexión a internet o teléfono para comunicarse con el exterior e incluso las personas referían escasez de comida y agua y faltó atención sanitaria, ya que los equipos médicos no acudían con regularidad.
Plaza de Toros
Por otro lado, la Plaza de Toros de Melilla acoge a más de 400 personas, y las ONG han alertado de que “se les ha negado la salida a la calle incluso en fase 1 y no hay espacio de cuarentena para las recién llegadas”.
En ambos recintos, los problemas derivados de los trámites administrativos han hecho que las personas que tenían pendiente regularizar sus situaciones de residencia o acogida se hayan visto afectadas por la poca flexibilidad gubernamental durante la emergencia”, han denunciado. Es más, han aseverado que la Policía “obligó a muchos residentes a entregar sus pasaportes en el momento de confinarse” en la Plaza de Toros.
Asimismo, sostienen que en el V Pino había jóvenes que estuvieron más de un año tutelados por la ciudad autónoma y, debido al Estado de Alarma, no se han tramitado sus residencias “quedándose en la más absoluta irregularidad y susceptibles de que se les incoe un procedimiento de expulsión”.
El CETI, al doble
En el caso del CETI, tal y como han subrayado las ONG, se ha doblado su capacidad de acogida durante todo el Estado de Alarma, llegando a albergar a 1.600 personas, 200 de ellas niñas y niños. “En estas condiciones es imposible mantener la distancia de seguridad y tampoco se ha permitido a las personas residentes salir a pesar de que Melilla entrara en fase 1 el 18 de mayo”, han lamentado.
“La saturación crónica del CETI y la paralización de los traslados a la península de población norteafricana –incluidos los jóvenes que salen de la tutela administrativa de la ciudad, situación que les da derecho a la residencia en España– agrava la deficiente capacidad de acogida de Melilla y frustra cualquier posibilidad de reacción en caso de situaciones excepcionales”, han incidido las ONG.
Las entidades sostienen que la situación “es cercana al colapso, incluso en un periodo en el que las entradas de solicitantes de protección internacional y de otras personas migrantes se han mantenido en cifras bajas”. Con todo, las entidades firmantes han elaborado un informe que recoge “la vulneración de derechos de estas personas”.
La mitad de los 140 menores acogidos en Rostrogordo dice tener sarna
En la mezquita del Cementerio Musulmán –una iniciativa privada– y en el fuerte Rostrogordo –adaptado para acoger a los menores no acompañados–, las ONG han afirmado que “las condiciones son mejores, a pesar de la precariedad”.
La mezquita ha albergado a casi un centenar de personas, también en cuatro camiones anexos. Eso sí, las entidades han denunciado que a finales de abril, “se notificaron órdenes de expulsión a todas las personas que allí se encontraban, incluso a personas con visados”.
Por su parte, hasta Rostrogordo se trasladaron jóvenes que se encontraban acogidos en el centro de menores La Purísima y se habilitó una zona de cuarentena para menores que no estaban en el sistema de acogida. En total unos 140 menores gozan de asistencia sanitaria, actividades socioculturales, e higiene y cuidados, aunque la mitad de los alojados han denunciado tener sarna, tal y como sostienen las ONG.
