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Tribuna Pública

En contra de los recortes a las universidades andaluzas y en defensa de un nuevo sistema de financiación

De izq. a dcha., la Rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda y los Decanos Juan A. Marmolejo (Ciencias Sociales y Jurídicas); Alicia Benarroch Benarroch (Ciencias de la Educación y del Deporte) y Mª del Mar Alfaya Góngora (Ciencias de la Salud)

Manifiesto de la Conferencia de Decanos/as de Facultad y Directores/as de Escuela, de apoyo a la Rectora de la Universidad de Granada
La pandemia que hemos padecido en los últimos meses y la consiguiente declaración del estado de alarma durante 97 días han puesto de manifiesto las fortalezas y debilidades del sistema público de servicios español y andaluz.
Entre los servicios considerados esenciales, el sanitario ha demostrado su eficacia como escudo para frenar la pandemia y dar solución a sus consecuencias más inmediatas. El educativo, cuyo nivel universitario representamos, ha respondido con prontitud y responsabilidad, haciendo un esfuerzo considerable para poder pasar (sin solución de continuidad), de un modelo presencial a otro de enseñanza telemática a distancia; y garantizando al mismo tiempo la necesaria normalidad, al perseverar en la actividad cotidiana, académica y de gestión, pese a las difíciles y complejas condiciones sobrevenidas que se han tenido que afrontar.

La reconstrucción económica y social que se debe promover, toda vez que hemos iniciado lo que ha dado en denominarse “nueva normalidad”, habría de tener en cuenta los servicios que prestan las universidades públicas y su repercusión en la sociedad en cuatro ámbitos: 1) en el académico, porque somos los responsables de la formación superior, que incluye el desarrollo intelectual, moral y crítico de la sociedad; 2) en el científico, porque la producción científico-tecnológica ha sido fundamental en nuestra historia como seres humanos, dando solución a multitud de problemas y aportando mejoras sin las que sería impensable nuestro actual bienestar; 3) en el económico, porque la innovación y la transferencia incrementan el valor añadido de los productos, facilitan los procesos de producción y los hacen accesibles a un mayor número de usuarios; y 4) en el social, dado que entre sus objetivos también está la optimización de sus recursos, alineándolos con un planteamiento estratégico que permita mejorar el compromiso por la mejora del bienestar social y la reducción de desigualdades a nivel local y global. Dichos valores pueden cuantificarse económicamente y las sociedades más avanzadas en el mundo son las que más invierten en conocimiento. En el estudio, ‘Generación de valor de la UGR en su entorno: análisis de su impacto económico y social’, elaborado por el equipo dirigido por el profesor de la UGR Luque Martínez, se demuestra que cada euro invertido en universidad multiplica su valor por un factor 7.

La crisis económica que sobrevendrá a causa de la pandemia, difícil de cuantificar en el momento actual, puede superar a la crisis financiera que se inició en octubre de 2007. Sin embargo, las condiciones en las que se afronta parecen ser objetivamente distintas de aquella. Todos los gobiernos, al margen de su signo político, han puesto en marcha planes de intervención pública y de incremento del gasto y de su nivel de endeudamiento. El Fondo Monetario Internacional y, en un plano más cercano, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, apuestan por un incremento de gasto público europeo, con un ambicioso plan de reconstrucción y un fondo que, en los últimos días, se apuntaba que ascenderá a 750.000 millones de euros, con un 66% de ayudas directas. De ellos, según las mismas fuentes, España podría beneficiarse de alrededor de 140.000 millones.

Por su parte, el Gobierno de España ha puesto en marcha un fondo de financiación para las Comunidades y Ciudades Autónomas, no reembolsable, de 16000 millones de euros, de los cuales 9000 se deben invertir en sanidad y 2000 en educación. Los citados fondos comunitario y estatal vienen a apoyar la financiación del Fondo de Emergencia Social y Económica en Andalucía, al que va a destinar el gobierno autonómico 700 millones. Por ello, no se entiende que se reciba financiación europea y nacional para paliar las consecuencias negativas de la pandemia, y específicamente para reforzar la educación y la investigación, funciones en las que las universidades juegan un papel crucial, y al mismo tiempo se pretenda un recorte de 260 millones de euros (135 en gasto corriente y 125 en inversiones en infraestructuras) en la financiación de las universidades públicas andaluzas para destinarlo al Fondo de Emergencia. Se entiende aún menos que la aportación de las universidades al mismo sea del 37’1%, en tanto que el peso de las universidades en los presupuestos de la Junta es del 3’5%. Evidentemente, el esfuerzo solidario de las universidades, algo que nunca se ha puesto en duda, es a todas luces, desproporcionado.

Además, si alguna enseñanza puede desprenderse de la crisis de 2007 es que los países que más rápidamente la han superado son aquellos que mayor porcentaje de su Producto Interior Bruto han invertido en I+D+i. Por ello, no se entiende la medida anunciada por la Junta de Andalucía acerca del pretendido recorte en el presupuesto destinado a financiación universitaria que se trasladará, inevitablemente, a gastos de personal, de funcionamiento y organización, de actividades estratégicas y de investigación de las distintas universidades.

La inversión en I+D+i en España ha crecido ligeramente durante los últimos años, pero el país ha perdido peso en Europa, agrandándose la brecha respecto al esfuerzo medio que los países europeos hacen en esta materia. En Andalucía, dicha inversión creció en los últimos años por debajo de la media española, lo que supuso que, a finales de 2019, el esfuerzo en investigación y desarrollo solo representaba el 0,92% del PIB, frente al 1,24% de España, el 2% de la media de los países de la Unión Europea y el 2,36% de la media de los países de la OCDE. Por todo ello, creemos que ha llegado el momento de dar un impulso cualitativo en el destino de las inversiones, asegurando, de esa manera, el cambio en el sistema productivo hacia la generación de valor añadido, tantas veces anunciado, pero que nunca se ha llevado a efecto. Andalucía podría seguir la senda de éxito asegurado que muestran los países más desarrollados y dar así un salto cuantitativo en la mejora de sus condiciones económicas y sociales.

Insistimos en un razonamiento tantas veces oído a nuestros más eminentes investigadores, tanto en España como desplazados al extranjero, recogido por personas con un acreditado grado de reflexión y conocimiento en la divulgación y defensa de la ciencia y la investigación. Este razonamiento invierte sabiamente los términos: Los países mejor situados “no investigan porque son ricos; son ricos porque investigan”.

Vaya por delante de nuevo nuestra inquietud y nuestro compromiso ante la gravedad de la crisis que se avecina y la solidaridad que, desde este manifiesto, queremos mostrar para con toda la sociedad. Sin embargo, la importancia de los servicios públicos esenciales, como son la sanidad y la educación deben tener un consenso unánime de la sociedad. Consenso que se añade al que han manifestado en los últimos días representantes políticos de todos los signos y agentes sociales económicos e institucionales.

Por todo ello, solicitamos al actual Ministerio de Universidades que asuma el compromiso adquirido en julio de 2018, incrementando y mejorando las aportaciones que destina a los Campus de la Universidad de Granada en las ciudades de Ceuta y Melilla, que en los últimos años se han reducido considerablemente y posibilitar así que estos centros puedan seguir ofreciendo, con las mismas garantías de calidad, títulos que consideramos de especial relevancia en estas ciudades, así como para todos los estudiantes que deseen trabajar en estas líneas.

Y así, convencidos de los beneficios que la apuesta y la inversión en ciencia y conocimiento producen en el tejido económico y social de cualquier región, por ese efecto multiplicador que tiene la inversión y el valor añadido de calidad que genera, reivindicamos ante la Junta de Andalucía la anulación de los recortes anunciados y el compromiso con un nuevo modelo de financiación que resuelva, definitivamente, los problemas del sistema universitario público andaluz, para el mejor cumplimiento de las funciones que le son propias.

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