A finales de septiembre del año 1994 entraba en vigor en Melilla la Prestación de Asistencia Social (PAS), el primer salario social que ponía en marcha el entonces Ayuntamiento popular. En estos veinte años, el PAS ha evolucionado hasta convertirse, desde 2001, en el IMI (Ingresos Melillenses de Integración), y el número de beneficiarios ha pasado de las 70 familias que se acogieron por primera vez a la ayuda, a las 595 familias que en estos momentos perciben el salario social, un dato éste último que pone de manifiesto que la crisis económica y sus consecuencias siguen cebándose en la ciudad en aquellos que menos tienen. En una comisión extraordinaria de la Concejalía de Servicios Sociales se aprobaban a finales de septiembre los dos cursos de precapacitación laboral que se impartirían a las familias melillenses que se convertirían en beneficiarias de un nuevo programa que el Ayuntamiento melillense pondría en marcha de forma inmediata: el salario social o Prestación de Asistencia Social (PAS). Melilla se sumaba así a la iniciativa de la mayoría de las comunidades autónomas que ofrecían este tipo de ayuda a las familias sin recursos.
Melilla, a pesar de no ser comunidad, sí pudo convertirse en gestor y promotor de este salario social que se abonaría tan sólo a familias sin ingresos y bajo el compromiso de realizar a cambio algún curso de formación profesional de cara a su inserción laboral. Del PAS se beneficiarían en principio 70 familias, que percibirían durante seis meses, prorrogables durante otros seis, unas ayudas que oscilaban entre las veinte y las treinta mil pesetas mensuales (entre 120 y 180 euros al mes), dependiendo del número de miembros de cada unidad familiar.
La encargada de poner en marcha el PAS fue Mª Antonia Garbín, entonces concejala de Servicios Sociales y hoy, consejera de Bienestar Social y Sanidad. Según explicó la intención del Ayuntamiento no era la de limitarse únicamente a conceder las ayudas y a gestionar los cursos de formación, sino a hacer un seguimiento de cada familia para intentar ayudarles a salir de la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban. "Lo que perseguimos es un bien social y una integración en el mundo laboral de estas personas", afirmó. El presupuesto previsto para el programa era de 20 millones de pesetas (120.000 euros).
IMI
El PAS, que se enriqueció con un segundo programa asistencial o PIF (Programa de Integración Familiar) para evitar que las personas sin recursos no tuvieran que acudir a los comedores sociales, experimentó no pocos cambios a lo largo de los años, tanto en cuestiones legales como sociales y económicas, hasta el punto de que en septiembre de 2001 el Gobierno de la Ciudad decidió eliminarlo y crear un nuevo salario social denominado IMI (Ingresos Melillenses de Integración).
El IMI nacía con la intención de acoger a unas 190 familias con escasos o nulos ingresos económicos, que percibirían, en atención al número de miembros, entre un 40% y un 75% sobre el Salario Mínimo Interprofesional (unos 180 euros al mes). Su duración sería de entre seis meses y un año, siendo responsabilidad de los acogidos el participar en cursos formativos enfocados para la inserción laboral. El presupuesto estimado era de 150 millones de pesetas (900 mil euros). En la práctica, el funcionamiento era el mismo: ayuda económica a cambio de participar en cursos de formación.
Actualmente el IMI, según recoge la web de la Ciudad Autónoma "es un programa de acción integral contra la exclusión social. No sólo se enfoca a atenuar las consecuencias de la precariedad económica de la exclusión; también ataca directamente a las causas que la producen. Para ello combina una Prestación Económica y un Proyecto de Trabajo Social". Además, "su objetivo no es perpetuar la dependencia institucional sino activar los recursos de las personas y colectividades para que se conviertan en sus propios agentes de promoción personal, familiar, social y laboral".
Ahora la prestación económica es por un año, prorrogable en periodos de tres meses hasta un máximo de dos años. La cuantía es el equivalente al 50% el salario mínimo interprofesional mensual, y se irá incrementando en función del número de miembros de la unidad de convivencia, sin poder superar nunca el Salario Mínimo Interprofesional. Se abonará por periodos mensuales, más dos pagas extraordinarias.
Además a los beneficiarios se les elabora los llamados Itinerarios de inserción social, que incluye "acciones destinadas a lograr la autonomía personal, familiar, social y laboral de los beneficiarios", e incluye medidas como terapia personal o de socialibilización o rehabilitación; escolarización de los menores, acciones formativas y de orientación profesional para facilitar el acceso a un puesto de trabajo, entre otras.
Valoración
La consejera de Bienestar Social y Sanidad, Mª Antonia Garbín, en declaraciones a este Diario señala que la puesta en marcha del primer salario social supuso "un avance en las políticas sociales de la ciudad", una medida que con el tiempo y en especial con la crisis económica, se ha constatado como acertada. "El programa lo empezamos con pocas familias, pero con el tiempo creció y se mejoró, tanto en el plano social como económico para dar respuesta a las necesidades de cada momento", dijo.
El IMI, heredero del PAS, sigue siendo "una gran apuesta social del Gobierno de la Ciudad Autónoma, que cada año no hace sino aumentar su presupuesto". Indicó la consejera que en estos momentos se benefician del IMI un total de 595 familias, una cifra que casi duplica a las 388 personas que estaban acogidas en el programa a comienzos de este mismo 2014, lo que pone de manifiesto que el volumen de personas sin recursos que precisan ayuda no hace sino crecer en nuestra ciudad, por lo que "no podemos bajar la guardia".
