En relación con la reciente agresión a una compañera enfermera en el SUAP, deberíamos manifestar nuestra más absoluta repulsa, pero lo que realmente sentimos es asco, vergüenza, hastío y desamparo. Obviamente, ofrecemos nuestra estructura jurídica y nuestra colaboración a dicha compañera, para todo aquello que precisase.
Una vez dicho esto, este nuevo episodio de salvajismo, para que el sindicato médico de Melilla solicitó el año pasado la tipificación de delito de terrorismo, nos da la razón, desafortunadamente, no sólo en nuestro análisis del problema, sino en la necesidad imperiosa de aplicar las medidas durante tanto tiempo demandadas por nuestro sindicato, que se plasmaron en diciembre de 2017 en una carta al Sr. Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno de España; ninguno de los expertos consultados tiene duda alguna de las medidas propuestas son altamente eficientes; por tanto, lo único que queda es la voluntad ejecutiva, legislativa y jurídica de ponerlas en marcha.
Frente a las medidas demandadas por nuestro sindicato, está la inercia de INGESA y la escasa beligerancia de determinados actores sociales que guardan toda su energía para atacar al Sindicato Médico, bien por iniciativa propia, bien por delegación.
En este caso concreto que nos ocupa, la aplicación de todas las medidas existentes en la actualidad se salda, para el agresor, en una pequeña condena económica, sin prisión efectiva, desde el punto de vista práctico.
Obviamente, si todo lo que el Gobierno de la Nación, el Parlamento español e INGESA van a hacer es mantener las medidas actuales, no nos quedará más remedio a los sanitarios que marcharnos de Melilla o que soportar una diana sobre nuestras cabezas, rezando a Dios para volver sanos a casa después de una dura jornada de trabajo, dado que las medidas actuales son inefectivas, irrelevantes, testimoniales y nada disuasorias, con lo que no evitan la sensación de impunidad del agresor, más bien al contrario.
Como españoles que somos, nos sentimos, por un lado, muy orgullosos de serlo, pero por otro, avergonzados de padecer políticos y dirigentes sin capacidad intelectual ni moral para regentar los puestos que ocupan; políticos y dirigentes que, lejos de resolver problemas, los provocan o acrecientan, por acción u omisión, por desidia o por abulia, por incapacidad o por desconocimiento, pero, sobre todo, por falta de la suficiente altura moral que permita tomar medidas ejemplares y ejemplarizantes.
Nos permitimos recordar cuáles son las medidas efectivas a aplicar en Melilla (ya hemos dicho muchas veces que hay que aplicarlas antes de que tengamos que lamentar muertes o lesiones muy graves en personal sanitario): Cierre de infraestructuras obsoletas. Tiempos de visita similares al resto de España. Equiparación en recursos humanos y técnicos al resto de España. Evitar masificaciones en salas de espera. Independencia de los circuitos de acceso de personal sanitario y pacientes. Control de acceso con DNI a los centros sanitarios.
También, detención y puesta a disposición judicial de todas aquellas personas que realicen actos antisociales o que obstruyan la atención sanitaria, independientemente de que haya existido agresión verbal o física. Detención y puesta a disposición judicial de todas aquellas personas que accedan a centros sanitarios sin disponer de cita o sin tener permiso específico para ello. Equiparación de la violencia contra sanitarios a delito de terrorismo. Protección policial permanente en centros de salud y Urgencias hospitalarias y extrahospitalarias. Cambios legislativos para equiparar, de forma real y efectiva, las agresiones a personal sanitario a las agresiones contra autoridad. Detención automática y puesta a disposición judicial de los violentos. Sanciones administrativas a los agresores, independientemente de las sanciones jurídicas.
Asimismo, pérdida del derecho a la sanidad universal para los violentos, limitándose a atención urgente. Expulsión del país de los extranjeros que atenten contra personal sanitario. Pérdida de cualquier tipo de ayuda pública, de cualquier entidad a usuarios violentos. Cambio de status del personal sanitario para equiparación real al status de autoridad, semejante a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo la formación en autodefensa e, incluso, la posibilidad de portar armas. Cambios jurídicos que permitan la acción directa del personal sanitario, exclusivamente mientras realicen la función sanitaria, incluyendo la capacidad legal de autodefensa, reducción, detención y puesta a disposición judicial. En caso de que el Estado no pueda garantizar la seguridad de los trabajadores sanitarios en alguna dependencia sanitaria, cierre de la misma, traspaso de las plazas sanitarias a otros centros asistenciales, dentro de Melilla y asignación de la gestión sanitaria a otra entidad: sanidad militar, Unión Europea, etc.
Estas son las medidas a aplicar para solucionar el problema, probablemente con algún ajuste; si realmente existe voluntad de aplicarlas, la Administración encontrará en el Sindicato Médico un aliado leal; ahora bien, para brindis al sol, exhibición de lacitos y artificios vacuos y fútiles, no cuenten con nosotros, para eso ya tienen muchos socios.
