El PP presentó ayer en el juzgado una querella por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el director provincial del Ministerio de Educación, Juan Ángel Berbel, por la “escolarización ilegal” de menores extranjeros que no residen en la ciudad ni tienen certificado de empadronamiento. El secretario general del PP melillense, Miguel Marín, mostró en rueda de prensa la querella presentada, que también va “contra quienes, a medida que vaya avanzando la instrucción de este proceso judicial” puedan tener responsabilidades penales en el procedimiento de escolarización ilegal” por haber dado órdenes políticas en ese sentido. Marín se refirió así a los “autores intelectuales” de esta orden de escolarización extraordinaria, aludiendo concretamente a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, y a la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, a las que situó “en el ámbito político ordenando y exigiendo que esas aberraciones desde el punto de vista jurídico se lleven a cabo”.
El “autor material” de la escolarización, según Marín, es el director de Educación, porque “es quien ordena las escolarizaciones”, aunque “ya se verá si después de la fase de instrucción se pudieran derivar responsabilidades penales para los autores intelectuales de ese auténtico despropósito”, que es “una ilegalidad manifiesta”.
También será entonces cuando se pueda saber con exactitud cuántos menores sin certificado de empadronamiento han sido escolarizados en esta orden extraordinaria, ya que el PP, como parte de este proceso judicial, podrá tener acceso a todos los expedientes.
Menores “no residentes”
Marín dijo que así se podrá “desmontar otra de tantas mentiras de Moh y Rojas”, ya que “es totalmente falso y mentira lo que dijeron sobre la escolarización de unos 20 menores en Ceuta ordenada por la Fiscalía”, habida cuenta que aquellos niños “eran residentes en Ceuta”.
“El matiz es fundamental”, subrayó el número dos del PP al señalar que los menores residentes deben ser escolarizados, independientemente de su procedencia o nacionalidad, pero no “un menor que aparece por Melilla, deambulando y que tiene familia en Marruecos”.
“Ese menor debe estar escolarizado en Marruecos”, dejó claro Marín, que recordó a Moh y Rojas que Melilla pertenece al espacio Schengen y por el tratado de buena vecindad entre España y Marruecos, “cientos de miles de marroquíes que viven en Nador pueden entrar en Melilla sin visado”.
Eso, en la práctica, da lugar a que familias lleguen a Melilla sin pasaporte “y se quedan a vivir ilegalmente” en la ciudad, ya sea en casas de familiares o alquilando una vivienda, “y según el criterio de Moh y Rojas, a esos menores habría que escolarizarlos”, lo que supone “un disparate” que “condena a la educación de Melilla al más absoluto de los fracasos”.
Puntualizó que “no hay nadie en este asunto más solidario que el Gobierno Imbroda y el PP”, pero solo piden “que se cumpla la ley” y por ello presenta esta querella, “para que no logren dilapidar la educación de la ciudad”, ya que se está causando “un daño irreparable en la educación de nuestros niños”.
