La Asamblea de Melilla aprobó ayer una propuesta para pedir una modificación de la Ley de Protección del Menor para que los menores extranjeros no acompañados (MENA) permanezcan en Melilla un máximo de tres meses antes de ser retornados a su país o trasladados a otros centros de acogida de la península. Esta propuesta fue aprobada ayer con los únicos votos a favor de PP y Grupo Mixto, los dos partidos que sustentan al Gobierno de Melilla, ya que los tres grupos de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), PSOE y Ciudadanos (Cs) votaron en contra.
La aprobación de esta propuesta estuvo precedida de un intenso debate, en el que el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, acusó a la oposición de ir “contra los intereses de los melillenses” y “perjudicar a Melilla” por no querer que se lleve a cabo esta modificación legal, que la Ciudad Autónoma considera “fundamental” para hacer frente al fenómeno de la inmigración infantil.
“Esto se desborda, no podemos más. Hay que poner un dique de contención a esos desbordamientos y esta propuesta es para esto”, justificó Imbroda al recordar que en los centros de menores de la Ciudad Autónoma hay alrededor de mil menores acogidos, pese a que Melilla tiene solo 12 kilómetros cuadrados y 88.000 habitantes.
Pese a ello, consideró injusto que el Gobierno de Sánchez destinara a Melilla solo un millón de euros de los 40 que dispuso en un fondo adicional para menores extranjeros no acompañados que, a su juicio, fue creado expresamente para destinar casi 30 a Andalucía por tener 5.000 menores acogidos en una región de 9.500 kilómetros cuadrados, 600 pueblos y 8 millones de habitantes.
Imbroda dejó claro que “el Gobierno y Europa tienen que ponerse las pilas y empezar a abordar este fenómeno”, en la que la solución no es limitarse a “hablar de dinero”, sino que es necesario “legislar para que, con todas las cautelas, el Gobierno se preocupe”.
Aclaró que no se trata de quitar un ápice de protección del menor, sino de considerar este fenómeno “con un sesgo de inmigración económica” porque quienes se oponen a ello “o se quieren engañar o no se han enterado de lo que pasa en Melilla” con los MENA, o bien “están en contra de que esto tenga una solución”.
“También beneficia a los menores”
Según Imbroda, esta propuesta no solo salvaguarda los intereses de Melilla, sino también de los propios menores, ya que muchos “no se quieren quedar aquí” y la ciudad es solo “un lugar de paso” para llegar a la península colándose en el barco y poniendo en riesgo sus vidas no solo en el intento, sino también malviviendo en las escolleras “esnifando pegamento”.
“Con esto se lucha contra ello, muy por encima de la legislación está la vida y la salud de los niños”, afirmó para responder a los argumentos de la oposición de que esta propuesta que se estaba debatiendo es inviable por contravenir acuerdos internacionales sobre menores suscritos por España.
La oposición cree que no es el momento
También salió al paso de las críticas de la oposición, que consideraba inoportuno plantear este asunto con la convocatoria de elecciones, al recordar que el Gobierno de Melilla lleva más de un año y medio trabajando en ello y se lo ha planteado tanto a Rajoy como a Sánchez. Por ello, Imbroda abogó por “mandarlo a Madrid” y “dar el follón” al Gobierno que salga de las urnas.
Sin embargo, la oposición expresó su rechazo alegando diferentes argumentos, desde el “electoralismo” que cree el PSOE que hay detrás de esta iniciativa hasta la “incapacidad para gestionar” las competencias de menores que alegaron los socialistas junto con Cs y CPM.
El partido de Aberchán instó a la Ciudad Autónoma a que devuelva las competencias al Estado, si bien cree que no lo hace porque “se maneja mucho dinero” en esta materia y por eso “no le interesa”.
PSOE y CS también propusieron que se cumplan los acuerdos firmados entre España y Marruecos para el retorno de los menores a dicho país, si bien Imbroda negó la efectividad de esa medida porque el país vecino “no acepta” a sus menores, algo que le reprochó porque “aunque tendrá otras bondades, aquí ha fallado estrepitosamente”.
Polémica con las cifras
El debate de este punto tuvo varios momentos de tensión, especialmente entre el Ejecutivo local y el PSOE, que defendía la visión de este problema desde el Gobierno central. Sin embargo, Imbroda espetó a la portavoz socialista, Gloria Rojas, que al PSOE “no le interesa” el problema de los MENA porque está más interesado en “maquillar los datos de la Delegación del Gobierno para que parezca que entran menos”.
Desde su escaño, Rojas le respondió que eran datos oficiales de la Policía Nacional, pero Imbroda le recordó que la Ciudad Autónoma también tiene los datos de la Policía Local y “el termómetro” que supone el recuento de los menores acogidos que cada noche se hace en los centros de protección. Por ello, invitó a Rojas a que un día acuda al centro de La Purísima y compruebe que la Ciudad Autónoma tiene a mil menores acogidos, “se ponga como se ponga”.
Dudas legales
El PSOE y Cs también centraron parte de sus intervenciones en las dudas legales que les despierta esta modificación de la Ley del Menor que va a proponer la Asamblea de Melilla al Gobierno central. Rojas dijo tener tres folios con argumentos legales que le habían pasado sus compañeros del Congreso para tumbar en el Parlamento esta iniciativa.
La formación naranja también expresó sus reticencias aludiendo a las leyes nacionales e internacionales y otros acuerdos suscritos por España. Además, el diputado Luis Escobar advirtió de que trasladar a los MENA fuera de Melilla podría provocar efecto llamada.
La propuesta establece que los menores deben salir de Melilla en 3 meses y que el Gobierno se haga cargo
En esta propuesta, la Ciudad Autónoma de Melilla plantea que en la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor se incorpore una nueva disposición adicional que llevaría por título “Menores extranjeros no acompañados: especificidades de Ceuta y Melilla”.
En dicha disposición, el Gobierno melillense pretende que se atiendan las “singularidades” de ambas ciudades autónomas dando prioridad a la devolución de los menas a sus países de origen, bien directamente o a los países de tránsito.
Ello se llevaría a cabo “en aras de la protección del interés superior de estos menores y a efectos de su integración y desarrollo en el núcleo familiar de origen y en su entorno sociocultural”, “en consonancia” con una resolución del Consejo de Europa y el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales suscritos por España.
La propuesta establece que esa devolución debe hacerse en un plazo máximo de tres meses, en el que la Administración General del Estado se hará cargo de garantizar el “adecuado amparo” de estos MENA “como entidad pública competente en materia de inmigración”, ofreciéndoles “apoyo material y los cuidados básicos para satisfacer sus necesidades básicas”, como alimentación, alojamiento y cuidados sanitarios.
En el caso de que en ese plazo máximo de tres meses no se hiciera efectivo el retorno de los menores a sus países de origen o de tránsito, la propuesta de la Ciudad Autónoma establece que “serán, necesariamente, trasladados a otros centros de acogida de otras partes del territorio nacional”.
