Coalición por Melilla (CPM) denunció ayer la diferencia de precio a la baja que ha detectado en la adjudicación de un mismo servicio por parte de la Ciudad Autónoma tras el cambio de la Ley de Contratos del Sector Público, que rebajó el límite para los contratos menores de 18.000 a 15.000 euros. En rueda de prensa, el portavoz de CPM, Hassan Mohatar, explicó que servicios que antes eran adjudicados por unos 17.700 o 17.800 euros, aproximadamente, rozando el límite legal de los 18.000 euros para ser considerados contratos menores, ahora son licitados por una horquilla de entre 14.500 y 14.800 euros para no sobrepasar los 15.000 euros que indica la Ley.
Se trata, dijo Mohatar, del mismo servicio con una diferencia en el precio de 3.000 euros, lo que para CPM supone “una tomadura de pelo hacia los melillenses”, además de un despilfarro de dinero público que llegan a una “situación insostenible”, y apuntó que “no se puede permitir la forma de actuar de este Gobierno”.
Por ello, CPM no descarta que esta denuncia acabe en los juzgados, ya que a su juicio se trata de “ciertas irregularidades que, cuanto menos, necesitan una explicación clara” por parte del Gobierno melillense.
Fraccionamiento
Según Mohatar, el Gobierno está llevando a cabo un “fraccionamiento de determinados servicios y un favorecimiento a determinados empresarios muy afines al PP, sobre todo ahora que las elecciones están cerca”, que a su juicio han motivado que el Gobierno “quitara” a CPM la presidencia de la Comisión de Control de Licitaciones para dársela a una diputada del PP, que lleva 8 meses sin convocarla.
El portavoz cepemista argumentó su denuncia al señalar otras cuestiones que ha detectado CPM, como por ejemplo, el hecho de que estos contratos menores son adjudicados a varias empresas que tienen como “denominador común” que “son del mismo empresario”.
Además, afirmó que una misma empresa ha presentado facturas a la Ciudad Autónoma con “cuatro o cinco firmas diferentes” que no coinciden, por lo que cree que es necesario analizar quién las ha presentado y rubricado.
De igual modo, criticó que servicios que se prestan todos los años, como la Cabalgata de Reyes u otros eventos de Festejos como la Semana Santa, el Ramadán o actividades de verano, no salgan a adjudicación mediante un contrato de obra mayor en lugar de recurrir a la contratación menor.
Mohatar, tras lanzar un aviso a la Intervención, afirmó que ha habido casos de adjudicaciones donde se han presentado varias ofertas que eran del mismo empresario, y también otros en los que el informe de necesidad del servicio adjudicado no se ha elaborado de forma previa, sino “dos o tres meses después de ejecutarse el servicio”.
Asimismo, insistió en que algunas de las empresas están bajo investigación judicial en la Operación Tosca.
