La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó ayer su informe anual “La situación de las personas refugiadas en España y Europa”, en el que denuncia que durante el año pasado se siguieron produciendo “devoluciones en caliente” de inmigrantes en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla en los intentos de entrada tras un salto a la valla. Además, entre sus propuestas de mejora de la actuación de las autoridades gubernamentales, esta ONG señala la necesidad de que se permita la libertad de circulación para los solicitantes de asilo en ambas ciudades autónomas. Sobre los rechazos en frontera, conocidos popularmente como “devoluciones en caliente”, CEAR recuerda que fueron declarados ilegales en primera instancia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), y que está previsto que este año, la Gran Sala del TEDH dicte la sentencia definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de estas medidas.
“Mientras tanto, el Gobierno se ha acogido a esta situación de espera para mantener esta práctica durante 2018, así como el régimen especial de Ceuta y Melilla de la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería”, denuncia CEAR en su informe.
En este punto, la entidad recuerda que hace poco más de un año, el Representante Especial del Secretario General del Consejo de Europa para las migraciones y los refugiados señalaba sobre esta disposición que “en la práctica, la Guardia Civil no tiene todavía un protocolo para identificar inmigrantes que cruzan irregularmente las fronteras de Melilla y Ceuta que ofrezca instrucciones a sus oficiales para identificar a personas con necesidad de protección internacional y tomar los pasos necesarios para su acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes”.
CEAR se une a la consideración de varios organismos internacionales de que “España tome esa decisión”, pero recuerda en su informe algunos de los saltos a la valla a los que ha sucedido la expulsión de inmigrantes mediante la aplicación del Acuerdo Bilateral de Readmisión España-Marruecos de 1992.
“Este procedimiento acelerado impide detectar personas en situación de vulnerabilidad o con necesidad de protección internacional, como constató el Defensor del Pueblo y subrayó CEAR. A pesar de estas advertencias, en octubre volvió a procederse a la devolución a Marruecos, invocando el mismo Acuerdo, de 55 personas que habían entrado por la valla de Melilla. Tanto CEAR como el Colegio de Abogados de Melilla denunciaron estas devoluciones aceleradas al estimar que se limitó su derecho de defensa y la vulneración del principio de no devolución al ser retornados a Marruecos, un país que no puede ser considerado seguro”, señala.
Peticiones de asilo
En cuanto a las solicitudes de asilo, CEAR insiste en una queja habitual en cada informe, año a año, como es la imposibilidad de las personas subsaharianas de llegar físicamente a estas oficinas de asilo. “Así, de facto, como única manera de acceso al procedimiento de asilo, se les condena a arriesgar su vida para alcanzar territorio español por mar o saltando el perímetro fronterizo”, indica esta ONG, según la cual la oficina del puesto fronterizo terrestre de Melilla recibió 2.800 solicitudes el año pasado, principalmente de personas procedentes de Siria, Palestina y Yemen.
En cuanto a los solicitantes de asilo en las dos ciudades autónomas, CEAR insiste en que se sigue limitando su libertad de movimientos debido a la inclusión en el documento que les acredita como solicitantes de asilo de la frase “Válido solo en Ceuta/Melilla”.
“El Servicio Jurídico de CEAR siguió recurriendo esta limitación y logró nuevos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reconocieron la libertad de circulación por todo el territorio español a las personas solicitantes de protección internacional y señalaron que la negación de su traslado a la Península supone una vulneración de sus derechos fundamentales”, apunta la ONG. Sin embargo, y pese a las recomendaciones de ACNUR y del Defensor del Pueblo, “el Ministerio del Interior mantuvo la limitación de este derecho”.
Por ello, entre las “propuestas de mejora de la actuación de las autoridades gubernamentales”, CEAR incluye como número 10 “suprimir las restricciones a la libertad de circulación de solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla y los criterios discrecionales y discriminatorios para realizar traslados a la península”, además de “garantizar el cese de las devoluciones ilegales de personas que llegan a las fronteras de estas dos ciudades, así como por los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla donde pueden solicitar asilo con todas las garantías”.
