El despacho de abogados que dirige Antonio Suárez-Valdés recordó que fueron “numerosas las irregularidades detectada” en la convocatoria de diez plazas de Policía Local el 4 de junio del 2014, de la consejera de Administraciones Públicas de la Ciudad Autónoma. Asimismo, apuntó que se produjo la separación de cinco opositores, que inicialmente debían tener plaza adjudicada según el concurso normal, por vía “de una irregular prueba de entrevista psicológica”, cuyo resultado final de no apto, fue anulado por los Tribunales de Justicia.
Tres años después y habiéndose visto obligada la Ciudad Autónoma a nombrar inicialmente a tres de los opositores como funcionarios de Policía Local en prácticas, el abogado comunica que han iniciado una acción de responsabilidad patrimonial contra la Ciudad reclamando 141.200 euros para cada uno de ellos.
Entrevistado el abogado de los policías locales en prácticas, Antonio Suárez-Valdés, el mismo informa que su reclamación viene a incluir los “perjuicios salariales” ocasionados a sus clientes durante los tres años que los mismos se han visto “privados de su condición de Policía por la desviada actuación desplegada por el anterior equipo de gobierno”. Además, de los intereses devengados por dichas cantidades no abonadas cuando hubiera procedido en derecho y una indemnización por “el daño moral causado a los aspirantes, por haberles privado durante tres años de su condición de funcionario de carrera y de las prerrogativas que dicha condición incluye”.
Refiere el letrado que es “muy triste” que los ciudadanos tengan que sufragar con sus impuestos “los desmanes de sus políticos”.
Añade el letrado Suárez-Valdés que ahora, la Ciudad Autónoma tendrá que solucionar la cuestión de la duplicidad de puestos de Policía Local existente. En su opinión, “lo que se escondía detrás de la exclusión de sus clientes en la entrevista, no era otra cosa que el interés de algunos, por introducir en dicho Cuerpo a aspirantes menos cualificados, pero con más contactos políticos”.
El letrado cree que no se puede permitir que dichas personas, que habrían accedido a la función pública por “un proceso viciado”, consoliden sus plazas funcionariales, “sin pena de legitimar y perpetuar el ilícito administrativo operado en su día”.
Entiende el abogado Suárez-Valdés que ahora “la pelota está en el tejado” del nuevo equipo de Gobierno, que “debería declarar la nulidad de los nombramientos de los funcionarios de Policía Local que adquirieron sus plazas tras la irregular exclusión del proceso selectivo, de aquellos aspirantes a los que les deberían haber correspondido en derecho dichas plazas”.
