Es, sin duda, una situación muy delicada, que afecta a un colectivo tan vulnerable como es el de los menores extranjeros no acompañados, además de lo que supone que 200 trabajadores se queden en la calle sin su puesto de trabajo. Jamás se debería haber llegado a esta situación límite El centro de acogida de menores de La Purísima lleva muchos años viviendo al límite por su sobreocupación sin remedio, pero lo cierto es que desde hace algunas semanas, además de este problema, se le añade otro, que es el de estar caminando sobre el alambre por la incertidumbre de no saber qué ocurrirá una vez que el contrato de gestión que está actualmente en desarrollo termine su vigencia a principios de enero de 2020.
Este es uno de los asuntos que en los últimos meses, junto con la polémica sobre el paso de borregos de Marruecos, ha amenazado con hacer saltar por los aires el tripartito que conforman PSOE, CpM y Cs al frente del Gobierno. Desde que en junio propiciaron el cambio en la Ciudad Autónoma, estas tres formaciones han mostrado sus diferencias cada vez que alguno de estos dos asuntos salía a la palestra.
Ocurrió en la Comisión de Bienestar Social del 13 de noviembre donde se llevó a aprobación la prórroga del contrato. Aquel día, el PSOE fue el único partido del Gobierno que votó a favor de continuar adelante con este contrato de gestión del centro de menores, junto con el PP, dado que CpM votó en contra y Cs se abstuvo.
Ayer volvió a suceder, ya que nuevamente había convocada una comisión para abordar este tema, pero ni siquiera se llegó a celebrar porque el PSOE, que está solo en el Gobierno con esta cuestión, no acudió y dejó solos a sus socios, CpM y Cs, que no pudieron evitar que PP y Vox tumbaran con sus votos mayoritarios la urgencia de la sesión, que tenía por objeto informar de la situación que se ha dado con el centro de La Purísima, una vez que la empresa Arquisocial, encargada de gestionarlo en virtud de un contrato que expira en pocos días, ha comunicado a sus 200 trabajadores que el 7 de enero serán despedidos con un ERE al no haberse formalizado la prórroga.
La pregunta que todo el mundo se hace es qué va a suceder con los cerca de 900 menores que viven en el centro de acogida, que dependen de que éste siga funcionando, algo imposible si no hay unos trabajadores que se encarguen de cuidar a esos niños, formarlos y educarlos, y propiciar unas buenas condiciones higiénico sanitarias en el centro para que puedan vivir con dignidad, entre otras cuestiones. Es, sin duda, una situación muy delicada, que afecta a un colectivo tan vulnerable como es el de los menores extranjeros no acompañados, además de lo que supone que 200 trabajadores se queden en la calle sin su puesto de trabajo. Jamás se debería haber llegado a esta situación límite.
