El pleno de la Asamblea rechazó ayer las dos mociones que presentó el grupo de Vox por considerar, en el caso de romper relaciones institucionales con Cataluña por la actitud de su presidente (Quim Torra), era “inconstitucional” y la segunda, la de proponer la ilegalización de partidos independentistas por escapar de las competencias de la Ciudad Autónoma. El portavoz del PP, Miguel Marín, apuntó que su grupo mantendría su abstención en la moción de Vox que propone la ruptura de relaciones institucionales de Melilla con Cataluña por la actitud de su presidente Quim Torra, porque la propuesta “llega tarde porque Torra ha sido inhabilitado por la Junta Electoral Central, rubricado por el Supremo y dejará de ser presidente de la Generalitat”.
El portavoz de Vox, Jesús Delgado, indicó que con independencia de esta situación, su intención es que se ratificara en pleno que “en nuestro país las leyes se tienen que cumplir y que este señor “está en la ilegalidad”.
La portavoz del Gobierno, Gloria Rojas, dejó patente su desacuerdo con la moción, pero mostró su alegría porque “las mociones lleguen y se debatan en pleno, porque en los cuatro años anteriores no he debatido ninguna en pleno”. A esta cuestión le replicó Marín que le señaló que si no se traían mociones a pleno era porque no lo contemplaba el reglamento, y que se modificó en este sentido.
Volviendo a la cuestión, dijo Rojas que “no tiene mucho sentido romper relaciones con cualquier comunidad porque, nos guste o no, las personas que las presiden han sido elegidas democráticamente, y también porque romper relaciones sería inconstitucional”.
La moción se sometió a votación y fue rechaza por 12 votos en contra de los miembros del Gobierno, 1 voto a favor de Vox y 8 abstenciones del PP.
Ilegalización de partidos
La segunda moción de Vox también hacía referencia a Cataluña. En concreto, se pedía que la Asamblea instara a las instancias pertinentes a la ilegalización de los partidos separatistas que actúen contra la unidad de España y que se propusiera a la Unión Europea la inscripción de los CDR catalanes en la lista de organizaciones terroristas.
Miguel Marín, que dijo compartir “la indignación” recogida en la exposición de motivos respecto a la existencia de determinadas organizaciones que actúa “al margen de la ley y buscan romper el orden institucional, pero el Estado de Derecho ya prevé la legalización de partidos” tal cual se aprobó en la Ley de Partidos del año 2002. Este articulado, promovido por el Gobierno Aznar, establece el procedimiento para la disolución, y señala que “quien está legitimado para instarlo es el Gobierno, el Ministerio Fiscal, el Congreso o el Senado pero la Asamblea de Melilla no”.
El portavoz de Vox, Delgado Aboy, que dijo comprender la legislación vigente y los mecanismos, pero consideraba que Melilla, como en otras corporaciones nacionales, “se levante la voz contra estas personas que intentan romper la unidad de España y debemos defenderla a capa y espada”.
Rojas coincidió con Marín en la incapacidad de Melilla para poder proponer o ilegalizar de forma directa un partido, sino que es la autoridad judicial, de la misma forma que no puede hacer la propuesta a la UE de los CDR porque ese tipo de peticiones las trasladan los estados.
Delgado Aboy le agradeció esta información y la animó “a que siga tan contenta y siento tan feliz como dice”. La moción fue rechazada con el voto en contra de los 12 miembros del Gobierno, las 8 abstenciones del PP y el único voto a favor de Vox.
