El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Melilla ha absuelto a 21 personas relacionadas del delito leve de prevaricación administrativa de la que fueron acusados por la contratación de servicios prestados por Eulen Seguridad por parte de varios organismos de la Ciudad Autónoma, en concreto la Consejería de Seguridad Ciudadana, la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el Patronato de Turismo y “Proyecto Melilla SA” (Promesa), en el llamado "Caso Ópera".
Entre los absueltos hay tres ex consejeros, dos de Seguridad Ciudadana como Ramón Antón (ya fallecido) y Francisco Javier Calderón, y uno de Hacienda, Guillermo Frías; dos ex viceconsejeros, Javier Mateo de Turismo y José María López Bueno de Empleo, todos ellos pertenecientes al Partido Popular (PP); la gerente de Promesa Carolina Gorgé; el ex director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo o responsables de Eulen como Víctor Manuel Ramírez.
La denuncia había partido del Ministerio Fiscal, Promesa, del sindicato Manos Limpias y del ex secretario general del PSOE melillense, Dionisio Muñoz Pérez.
En el auto judicial al que ha tenido acceso MELILLA HOY, el Juzgado de primera instancia e Instrucción número 4 recoge que “dadas las diligencias de investigación practicadas, la evidente ausencia de indicios que justifiquen la perpetración del delito objeto de las presentes actuaciones, como lo evidencia el escrito del Ministerio Fiscal de 17-1-2019, por lo expuesto cabe afirmar que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.
En los razonamientos jurídicos, se expone que los denunciantes cuestionaban la legalidad de la tramitación para la celebración de contratos relativos Eulen Seguridad SLU y la Consejería de Seguridad de Ciudadana de la Ciudad Autónoma durante los años 2004 a 2012, con el lapso temporal de 2006-2007 y la alteración de las condiciones de los pliegos de dichas contrataciones para favorecer y beneficiar a Eulen, a sus responsables, a responsables de la Ciudad Autónoma.
También se señalaban la sobrefacturación de servicios no prestados y desvío de fondos públicos con presentación de facturas falsas sin previa aprobación de gastos para su abono, aludiendo a la existencia de tráfico de influencias y concierto previo entre representantes de Eulen y responsables de la Ciudad Autónoma con base a la documentación incautada en la entrada y registro realizada el 24-2-2014 a la entidad Eulen SA en Melilla y Madrid, y los correos electrónicos incautados en dicha intervención policial.
Asimismo, se reflejaban respecto del Contrato de mantenimiento del saneamiento y limpieza con el Patronato de Turismo, en el que se habrían producido, presuntamente idénticas irregularidades.
Se alude además a todo un conjunto de irregularidades en la contratación pública relativa a la adjudicación del Servicio de Mantenimiento del Servicio de Emergencias de la CAM 112 entre la empresa “Telefónica SA” y la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana de la Ciudad.
Sin embargo, el Juzgado de Instrucción ha concluido que ninguna de las 21 personas procesadas ha cometido el delito de prevaricación administrativa por el que fueron denunciados y por ello decreta el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones.
