Una sentencia en otro sentido que no fuera el de ayer habría significado, prácticamente, abrir de par en par las puertas de nuestra frontera y fomentar la actividad criminal de las mafias que se lucran del tráfico de seres humanos, negociando con su desesperación Las devoluciones en caliente, después legalizadas por el anterior Gobierno de Rajoy bajo la denominación de rechazos en frontera, siempre han causado una enorme controversia y debates con puntos de vista muy enfrentados, especialmente en las épocas de mayor presión migratoria, como ocurrió en el año 2014, en plena segunda crisis de las vallas.
Fue precisamente aquel año, el 13 de agosto, cuando el perímetro fronterizo de Melilla sufrió un importante salto a la valla, protagonizado por 600 subsaharianos, que se prolongó durante más de 16 horas porque decenas de ellos se quedaron encaramados en su parte más alta. Los inmigrantes se negaban a descender porque sabían que serían entregados a las autoridades marroquíes, como así ocurrió finalmente. Aquella actuación policial provocó una enorme polémica, sobre todo en unos días muy difíciles en los que España sufrió en sus propias carnes una verdadera avalancha migratoria por la pasividad del país vecino, atribuida supuestamente al enfado de su monarca por un incidente con la Guardia Civil cuando disfrutaba de un día de verano en su yate. Aquella ‘venganza’ se tradujo en la llegada de numerosas pateras a las costas andaluzas, además de varios saltos consecutivos a la valla.
Aquel del 13 de agosto no terminó tras aquellas 16 largas horas, sino que se ha prolongado durante casi seis años por la denuncia de dos de los inmigrantes devueltos, a los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón en primera instancia, condenando a España. Lo de menos era la pena de 5.000 euros que imponía al Estado como indemnización a cada uno de ellos, ya que lo realmente importante era el trasfondo, es decir, que una instancia superior, como es el tribunal de Estrasburgo, censuraba aquellos rechazos en frontera que, por entonces, ya habían sido legalizados por el Gobierno, no sin su correspondiente polémica.
Por eso el día de ayer estaba bien remarcado en las agendas de todo el mundo, porque la Gran Sala del TEDH iba a dar el veredicto definitivo tras el recurso de España a la condena, después de retrasarlo varias veces. Finalmente, pasadas las tres de la tarde, se dio a conocer la esperada sentencia: las devoluciones en la valla son legales y no son contrarias a los derechos humanos. El pronunciamiento, opuesto a la sentencia emitida este mismo tribunal en octubre de 2017, señalaba que los dos inmigrantes «se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad», al acceder «a lugares no autorizados» y «recurriendo a la fuerza». «Decidieron no utilizar las vías legales existentes» y acceder de forma irregular a territorio español, añadía en su argumentación.
El fallo de la Gran Sala ha caído como un jarro de agua fría entre las ONGs, mientras ha sido celebrado por asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales. Ambas son partes interesadas, pero visto desde fuera, lo cierto es que el pronunciamiento del TEDH no podía ser otro, porque habría supuesto avalar una práctica ilegal, como es saltarse toda una frontera, y dejar sin posibilidad de actuar a quienes tienen la misión de protegerla, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una sentencia en otro sentido que no fuera el de ayer habría significado, prácticamente, abrir de par en par las puertas de nuestra frontera y fomentar la actividad criminal de las mafias que se lucran del tráfico de seres humanos, negociando con su desesperación. Esto es algo que no se podía permitir, porque habría puesto en serios apuros a Ceuta y Melilla y, no lo olvidemos, a la frontera sur de Europa que ambas representan en África.
