El Sindicato de Técnicos de Enfermería ha tomado esta drástica decisión, tras, según se explica en un comunicado de prensa, “esperar un mes sin una respuesta seria y eficaz por parte de los gestores sanitarios ante la falta de material sanitario reglamentario en los centros asistenciales, que está obligando a los profesionales a realizar sus funciones de forma precaria e insegura”. Mª Dolores Martínez, secretaria general de SAE, recuerda que “más de 28.000 profesionales sanitarios se han infectado por el coronavirus, debido a las pobres medidas de seguridad que se les ha proporcionado”, motivo por el que, y después de un mes de crisis sanitaria, la intervención del Defensor del Pueblo, con el objetivo de que el Ministerio de Sanidad y los diversos servicios autonómicos de salud den una respuesta inmediata a nuestra reivindicación”.
No en vano, y como recordó, “el uso de estos equipos de protección está regulado en el Real Decreto 773/1997 (Directiva 89/656/CEE) y en el Reglamento (UE) 2016/425, relativo a su comercialización, y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son muy claras en cuanto a la necesidad de proveer a los profesionales sanitarios de todas las medidas y elementos necesarios para que puedan realizar su trabajo en condiciones elementales de seguridad y evitar así verse contagiados por los pacientes o aumentar el riesgo que los mismos sufren, y evitar la propagación de la enfermedad”, explicó.
De igual modo, desde el Sindicato de Técnicos de Enfermería se considera que “la falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias está generando situaciones en la que el acceso y uso a los EPIs está siendo restringido, y se suministran en algunos casos por debajo de las necesidades, llegando incluso a amenazarse a los profesionales con aperturas de expedientes disciplinarios por la utilización de estos equipos para prevenir contagios activos o pasivos”.
Mª Dolores Martínez cree que, “en esta dinámica de radical vulneración de los derechos laborales básicos, se llega al extremo de que en las reformas de los protocolos de algunos centros sanitarios se discrimina a los trabajadores, en función de su categoría profesional, a la hora de asignarles sus respectivos equipos de protección individual, de manera que, aún en la misma situación de contacto estrecho con los enfermos, hay colectivos que reciben EPIs de mayor seguridad que otros profesionales, como los TCE. Este tipo de situaciones son inadmisibles”, aseguró la secretaria general de SAE.
