Si Gloria Rojas dice que no se ha dado un paso atrás en el transporte marítimo, que se lo pregunte a quienes viajan a Almería en un barco de 30 años que ahora hace apenas la mitad de los trayectos que antes de hacían en esa línea. Menos excusas y más trabajar, pero de verdad y no como, supuestamente, hicieron con la aduana comercial Melilla va camino de cumplir dos meses sin contrato marítimo. Por mucho que nos pese, aquí cabría, con todas sus letras, esa vieja expresión de “y lo que te rondaré, morena”. Porque por las explicaciones que ha dado el Gobierno en una escueta respuesta en el Senado, y las justificaciones con cierta manipulación que ha dado la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, todo apunta a que el contrato marítimo lleva el mismo camino que la aduana comercial. Melilla perdió su aduana hace casi dos años sin que quienes tienen responsabilidades políticas le hayan puesto remedio y, lo que es peor, ni siquiera hayan protestado pese al enorme perjuicio que este mal gesto de Marruecos haya supuesto para la economía de Melilla.
Ahora nos sucede lo mismo con el contrato marítimo, pero los responsables de ello no hay que buscarlos al otro lado de la frontera, sino en La Moncloa, que es peor. Peor porque la solución no depende de un tercer país con decisiones soberanas, que es lo que siempre nos dicen cuando Marruecos hace cualquier cosa que perjudica a Melilla, sino que depende de nuestro propio país y, por lo tanto, de voluntad política de quienes nos gobiernan.
Cuando nuestros senadores le preguntan al Gobierno que cuándo piensa sacar a licitación un nuevo contrato marítimo, éste, literalmente, responde que el Ministerio de Transportes “está realizando un seguimiento diario de los movimientos de personas y mercancías en las conexiones marítimas de Melilla. Este seguimiento tiene como finalidad vigilar la suficiencia y adecuación del transporte marítimo a las necesidades de la Ciudad Autónoma y, en el caso de que la oferta existente por sí misma no resultase suficiente, intervenir mediante los instrumentos previstos en la normativa en vigor para asegurar las necesidades de conexiones marítimas de Melilla.
A falta de explicaciones más abundantes, como casi siempre sucede con este Gobierno cuando se le pregunta algo que no le venga bien de cara al autobombo, todo el mundo interpreta de esta respuesta que lo que está haciendo es estudiar si realmente el transporte marítimo de Melilla necesita un contrato público para cubrir las necesidades de esta ciudad en cuanto a las comunicaciones se refiere. Dicho de otra manera: el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ahorrarse unos cuantos millones de euros en el barco si con lo que hay nos apañamos los melillenses, aunque eso suponga dejar nuestra conectividad al socaire del mercado libre, y sin unas garantías mínimas en cuanto a la calidad del servicio, las frecuencias y los precios.
Por eso decíamos que Rojas intentó salir al paso con unas explicaciones algo manipuladas cuando dijo que en realidad ese seguimiento que el Gobierno dice que hace a nuestro transporte marítimo fue durante la pandemia, que si no tenemos contrato marítimo es porque el concurso quedó desierto, y que no ha habido abandono ni paso atrás en el barco. Gloria Rojas no debería tomar por tontos a los melillenses, porque ya no estamos en estado de alarma y las restricciones a la movilidad se han levantado. Todos recordamos cómo el contrato marítimo quedó desierto hasta en dos ocasiones entre 2014 y 2015 y se siguió sacando a concurso hasta que a la tercera se pudo adjudicar, cuando el Gobierno, entonces del PP, puso más dinero sobre la mesa. Y si dice que no se ha dado un paso atrás, que se lo pregunte a quienes viajan a Almería en un barco de 30 años que ahora hace apenas la mitad de los trayectos que antes de hacían en esa línea. Menos excusas y más trabajar, pero de verdad y no como, supuestamente, hicieron con la aduana comercial.
