El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, se declaró ayer "estupefacto" al conocer la sentencia del Caso Abogados y aunque dijo respetar la independencia de la justicia, espera que tras los recursos "se resuelva este mal sueño". El mandatario melillense señaló que le resultaba difícil de "entender que durante casi 20 años distintos funcionarios hayan estado, de alguna manera, de acuerdo en hacer algo contra la ley y por nada". Lo que sí teme son las consecuencias que la sentencia pueda tener en áreas como Bienestar Social en el apartado administrativo.. Afirmó que se quedó "estupefacto" al conocer la sentencia en la que se condenan a nueve funcionarios, cuatro abogados y una político por prevaricación administrativa, porque le resulta "increíble". Pero tras esta primer impresión, manifestó su respecto a la justicia, "porque si en este país no respetamos la justicia, mal andaríamos", pero eso no quita que "no comparto" el resultado, porque "no lo entiendo, porque me ha dejado asombrado".
Dudas
Imbroda considera que "es muy difícil que durante casi veinte años, que un procedimiento administrativo que se viene haciendo desde antes de que yo fuese presidente, que toda una legión de funcionarios y técnicos hayan conspirado, se hayan puesto de acuerdo en delinquir, y ¿para qué? para nada" porque dijo que no se han beneficiado. Con su máximo respeto al fallo, no descartó que los 14 condenados recurran y "al final veremos la justicia qué determina".
El presidente insistió en que estas personas habían prestado sus servicios en un "área que tiene muchísimo trabajo, como Bienestar Social, un área muy compleja donde tenemos miles de expedientes de personas asistidas". Por ese motivo lo que le preocupa ahora son las consecuencias del fallo judicial, porque puede afectan a la ciudad, al funcionamiento administrativo de Servicios Sociales y a las personas atendidas. "Porque todas estas personas que están al socaire de toda esta organización, si usted le da un palo al aparato administrativo, se puede tambalear un poco su encaje. Lo que me preocupa es la consecuencia administrativa de atención y gestión de ciudadanos", apuntó.
Añadió por último que Mª Antonia Garbín, la exconsejera de Bienestar Social y actual asesora del Grupo Popular no tendrá que abandonar su escaño en la Asamblea. En primer lugar porque "tiene que haber un fallo definitivo" y después "porque la inhabilitación sería para concurrir a unas elecciones". Reiteró por último su confianza en la justicia para que "esto se pueda aclarar y esto se quede en un mal sueño".
