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Piden 86 años de cárcel y 205 millones de multa para una red de blanqueo de capitales

La Audiencia Provincial celebra hoy la vista de cuestiones previas de este importante juicio, que se prolongará durante 6 meses

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede permanente en Melilla, acoge hoy la vista de cuestiones previas de un importante juicio contra una red de blanqueo de capitales que se prolongará durante más de seis meses desde el próximo 11 de diciembre. La Fiscalía pide para los 13 acusados un total de 86 años de prisión y multas por más de 205 millones de euros por presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Entre los acusados hay 7 empleados de una sucursal bancaria de Melilla, a los que la Fiscalía acusa de haber ayudado a esta red a burlar la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco. Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, el dinero procedía del “tráfico de hachís a gran escala” que supuestamente llevaban a cabo dos hermanos, Mimoun A. y Mohamed A., y con el que lograron “ingentes cantidades de efectivo en euros”.
Ambos tenían como testaferro a un tercer hermano, Baghdad A., quien les había comprado sus respectivas casas en el Real y en el Barrio de la Libertad, y que llegó a sacarlos de la prisión preventiva en la que se encontraban tras su detención el 23 de febrero de 2010, tras pagar 60.000 euros por cada uno de ellos. Tres años más tarde también él sería detenido e ingresado en prisión, de la que salió el mismo día por una fianza de 85.000 euros.
La Fiscalía relata en su escrito, de 19 folios, cómo Mimoun A. y Mohamed A. procedieron, presuntamente, a “lavar el capital obtenido” a través de un entramado empresarial, integrado por varias entidades mercantiles, algunas de ellas ubicadas en la provincia de Barcelona.
Para ello, contaron con la participación de Abdelaziz O., que figuraba como apoderado y administrador de dos de las empresas, y a quien la Fiscalía acusa de “aleccionar” a uno de los hermanos “acerca del lavado de su capital, a sabiendas de la actividad ilícita a la que se dedicaba Mohamed A.”. También lo señala como el autor de la transferencia de 11 vehículos de alta gama de una empresa a otra tras la detención e ingreso en prisión provisional de Mohamed A. “con ánimo de eludir una acción confiscatoria”.

16,9 millones en 2 años
Según la Fiscalía, los dos hermanos también se sirvieron de otra empresa, en la que participaba su otro hermano y testaferro, “para blanquear ingentes cantidades de dinero procedentes del tráfico de drogas”, consiguiendo hacerlo con hasta 16,9 millones de euros en dos años, entre el 5 de noviembre de 2008 y el 2 de noviembre de 2010.
El Ministerio Público señala que esta empresa fue utilizada por los hermanos A. y sus otros dos propietarios “para inyectar ingentes cantidades de dinero procedentes del tráfico de drogas en el sistema financiero internacional a través de grandes y continuos ingresos de efectivo en moneda euro en las dos cuentas bancarias de las que la empresa era titular, enmascarando su origen ilícito mediante operaciones de pagos de remesas de importación de mercancías en tránsito por la ciudad de Melilla de procedencia asiática (principalmente China e India) y con destino final Marruecos, donde culminaba el circuito de transformación de la moneda euro a dírhams”. Todo ello, mediante una “auto-facturación” entre empresas con titularidad común.

Siete empleados de un banco
Entre los 13 acusados en este procedimiento judicial hay 7 empleados de una sucursal bancaria de Melilla, concretamente el director, la gestora de negocios, la directora comercial y el gestor operativo y tres cajeros.
La Fiscalía detalla en su escrito de acusación cómo estos siete empleados del banco actuaron con “connivencia, beneplácito, condescendencia e ignorancia deliberada” para que la red de blanqueo de capitales consiguiera “materializar sus objetivos” burlando la Ley de Prevención de Blanqueo y las normas internas del banco.
Según el Ministerio Público, no verificaron la identidad ni comprobaron la actividad profesional o empresarial del cliente, como tampoco requirieron “los denominados S1” cuando los ingresos eran superiores de 10.000 euros, y además “fraccionaron los ingresos” para que no superaran individualmente los 100.000 euros.
Tampoco llevaron a cabo los “controles adicionales” que deberían haber realizado con el “uso continuo y muy elevado de billetes de 500 euros”, concretamente 8.027, que sumaron unos ingresos totales de más de 4 millones de euros en la cuenta de la red.
La Fiscalía relata que “pese a las cautelas y precauciones” de los empleados de la sucursal, “se despertaron las alarmas” en el Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales del banco, que requirió en numerosas ocasiones una serie de documentos sobre dicha cuenta que nunca les fueron enviados.
Todo ello provocó “la desesperación” del director de la unidad, que terminó cancelando la cuenta y contactando con el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España).
La red de blanqueo intentó seguir posteriormente abriendo una nueva cuenta en otro banco, que “sí fue escrupuloso” con la Ley, y creando una nueva sociedad mercantil para fraccionar los ingresos “sin la colaboración de los empleados de la entidad financiera”.

La petición de la Fiscalía
Cuatro de los acusados en esta causa ingresaron en prisión provisional, que lograron eludir mediante el pago de 215.000 euros. La Fiscalía atribuye a los dos de los acusados, Mohamed A. y Abdelaziz O., la presunta comisión de delitos continuados de alzamiento de bienes, por los que pide 4 años de prisión para cada uno.
Para estos dos acusados y los otros 11 también reclama 6 años de prisión para cada uno como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo el tiempo de la condena y multas de 17 millones de euros, así como las costas procesales.

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Redacción

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