Melilla Hoy 05/07/2020
6 de julio de 2020, 4:47:58
Política


Arquisocial acepta una prórroga de doce meses mientras la Ciudad saca a concurso la gestión de Purísima

El Gobierno local no descarta “irregularidades penales” en la adjudicación de un contrato que se sabía no se podría cumplir e incluso piensa que ha habido “ocultación de información”

Por J.A.M.

El presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro y la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, confirmaron ayer que la empresa Arquisocial seguirá al frente del centro de Purísima con una prórroga de hasta doce meses mientras concluyen los trámites para sacar a concurso el funcionamiento del centro, acorde a las necesidades actuales y futuras. Además, no descartan que haya que depurar responsabilidades penales e incluso ocultación de información, porque se adjudicara un contrato que se sabía que no se podría cumplir.


En rueda de prensa Eduardo De Castro explicó que el contrato que se firmó con la empresa Arquisocial para el funcionamiento de Purísima “no se hizo con la previsión suficiente” para atender futuros incrementos de residentes. De hecho, indica que se adjudicó en 2017 para un máximo de 350 plazas, pero posteriormente se produjo un incremento “en torno a un 115%” hasta llegar a los 675 acogidos en junio de 2019 y los 850 en enero de 2019.

Afirma que el Gobierno local y el consejero de Bienestar Social, en ese momento Daniel Ventura, “tiraron para adelante como entendieron y no se hicieron bien las cosas, porque tenían que haber realizado una modificación del contrato y adoptado alguna medida”.

Camino a seguir
Indica que su Gobierno, en apenas seis meses de gestión y con una remodelación por aplicación de una sentencia judicial, se encontró “con este problema heredado” y que no ha dispuesto del tiempo suficiente para elaborar los pliegos y llevar a cabo un nuevo concurso, porque ese proceso “es largo y puede llevar cerca de un año”.

Las vías de solución tampoco se presentaban sencillas y es que afirma que se han encontrado con la negativa de la empresa a plantearse “una prórroga menor de dos años y a presuntas irregularidades sobre la forma de afrontar este servicio” que se consideraron como “elementos suficientes para no hacer la prórroga”.

Indicó que la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, ante estos hechos, buscó una vía que le permitiera “cumplir con la ley y que se compaginara con la atención real de los menores acogidos”. Afirma que Almansouri ha recibido “ataques de todo el mundo que ha aguantado estoicamente, pero hizo lo correcto, pidiendo informes” que arrojaran luz y pudieran ayudarles a adoptar una decisión.

De Castro, que respalda a la consejera en todos los pasos que ha seguido, indicó que unos informes técnicos “imparciales” solicitados a “otro estamento externo a la Ciudad, dicen que no era obligatorio hacer la prórroga y que el servicio no se estaba haciendo adecuadamente”.

Entiende que la comisión de Bienestar Social que, en noviembre, a propuesta del exconsejero socialista Fernando Rubia, aprobó sin ser vinculante la prórroga por dos años, no contaba con toda la información, sino con los informes preliminares que se completan ahora con los encargados por Almansouri.

En relación a estos informes externos, la consejera Dunia Almansouri indicó que la Abogacía del Estado “no solo cuestiona la decisión tomada de la prórroga, sino que además apunta a posibles negligencias”. Indica que el exconsejero Daniel Ventura era conocedor de todos estos hechos y que “tendrá que dar muchas explicaciones”.

Afirmó la cepemista que no iba a permitir que los integrantes del Gobierno de la Ciudad “fuéramos cómplices de la situación de Purísima” prorrogando “las irregularidades del contrato” y entiende que haber firmado lo acordado en comisión hubiese sido “prevaricar”.

Fiscalización
Entre otros argumentos, la consejera señaló que se encontraron con “la sorpresa de que se ha venido pagando facturas por encima de los 4,7 millones al año recogidos en el contrato” de Purísima. En concreto se han abonado entre 2018 y 2019 unos tres millones por encima de esa cantidad motivado por el incremento de menores acogidos, pero “superando el techo máximo recogido en el contrato”.

Por ese motivo anunció que se ha pedido a la Intervención General de la Ciudad Autónoma que fiscalice los años 2018 y 2019, así como el contrato anterior porque la situación de saturación de Purísima “no es nueva” y aun así se adjudicó. A este respecto considera que “puede haber hasta responsabilidades penales” por sacar a concurso un contrato “a sabiendas de que no se iba a poder cumplir”, y deja abierta la posibilidad de que por parte de algún empleado público “haya habido ocultación de información, porque cuando se propone la prórroga ya se sabía que se estaba pagando por encima de lo recogido en el contrato”.

Concurso
Tiene claro la consejera que no se podía mantener las condiciones en las que funciona el centro de Purísima por “un contrato mal dimensionado” y que, por eso, además de buscar nuevos espacios de acogida, se elaborará un nuevo pliego acorde a las necesidades presentes y futuras. Confirmó que Arquisocial se ha avenido a aceptar una prórroga de hasta 12 meses con las mismas condiciones económicas (4,7 millones) mientras se lleva a cabo el nuevo concurso. Aclaró Almansouri que la adjudicación, en la que se ya trabaja desde el área del Menor, se puede realizar en un periodo inferior a esta prórroga.

Almansouri trasladó a los melillenses el compromiso del Gobierno local de que “no le temblará el pulso a la toma de tomar las medidas legales oportunas para depurar las responsabilidades administrativas necesarias, no solo por presuntas irregularidades sino porque se empujaba al Gobierno a ser cómplice y a mantener una práctica que se puede calificar como corrupta”.

Demandas a Madrid y la Unión Europea
El presidente de la Ciudad indicó que las necesidades de los menores están “muy deficientemente cubiertas, y este Gobierno hará lo que esté en su mano para buscar nuevas infraestructuras”, y anunció que al recién constituido gobierno central se le va a exigir que “se arremangue y que, en materia de menores, haya solidaridad entre las distintas comunidades y se dé el auxilio que se necesita para Melilla”.

Almansuori, por su parte, señaló que CPM sigue siendo partidario de devolver las competencias de menores al estado, que ya ha anunciado su intención de quedarse a nivel nacional con la primera acogida, para poder llevar a cabo una redistribución de menores entre el resto de autonomías. Añadió que desde la Ciudad se va elevar también la voz a Europa para que la Unión Europea adopte medidas “para ayudarnos, que somos la frontera sur”.
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