Melilla Hoy 23/10/2017
25 de febrero de 2020, 19:40:29
Política


Ventura se pregunta “qué artimañas” han usado para que Arquisocial firme una prórroga “en su propio perjuicio”

El exconsejero apunta que todos los costes de Purísima “han sido firmados y abonados por la Intervención General de la ciudad”

Por Redacción

El exconsejero de Bienestar Social del PP, Daniel Ventura, se pregunta “qué artimañas” se han usado para que la empresa Arquisocial haya firmado “en su propio perjuicio” una prórroga de un año, inferior a la que “tenía derecho”. También apunta, en relación a la petición que ha hecho la consejera Dunia Almansouri para que se fiscalicen los sobrecostes generados en la gestión de La Purísima en los dos últimos años, que tanto los contratos como facturas ya fueron fiscalizados, y abonador por la Intervención.


En una nota de prensa, Daniel Ventura, “para aclarar algunos preceptos reglamentarios”, sale al paso de las declaraciones de la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, en relación a la gestión del centro de menores de la Purísima, en las que solicita al Interventor que fiscalice el contrato del centro, de los dos últimos ejercicios.

Duda Ventura que el interventor vaya a fiscalizar “algo que ya fiscalizó en su momento”, y recuerda que no solo se revisan y controlar los contratos, sino las facturas que se han generado durante la gestión del servicio, y añade que esta es la norma de funcionamiento que se sigue tanto con los centros de protección como con “cualquier contrato iniciado por la Administración local, y hasta el cierre económico definitivo de cada ejercicio”.

Gastos
Considera que la “incapacidad como política” de Almansouri, así como la “carencia tanto de competencias personales como aptitudinales”, para el puesto que ocupa “e impide ver la realidad” en cuanto a los procedimientos administrativos y Legales para la atención a los menores en situación de desamparo. Incluso, “ha dudado y duda de la transparencia, lealtad y responsabilidad de los funcionarios públicos de la Ciudad, algo que es de muy mal gusto y de poca vergüenza política”, añade Ventura.

Con respecto al gasto ocasionado en estos dos últimos años en Purísima y que Almansouri cifró en tres millones de euros por la entrada de menores, indica Ventura que debería añadir la llegada “desorbitada en los últimos siete meses de más de 300 menores nuevos, que es responsabilidad de su gobierno”. En relación con esto último, le recuerda que la ley de protección jurídica del menor, “impone la obligación, a las autoridades y servicios públicos de prestar la atención inmediata que precise cualquier menor”.

Así mismo, apunta que distintas observaciones del Comité de los Derechos del niño, no solo hablan del interés superior del menor, sino de la necesidad de adaptar los presupuestos para esa atención, y “ya sabe que, en nuestro pueblo, como lo llama su presidente, las entradas son diarias y por tanto son situaciones sobrevenidas”.

Interventor
No obstante, reitera que todos los incrementos presupuestarios “han sido firmados y abonados por la intervención general de la ciudad”. En esos incrementos se encuentran incluidos los más de 300 nuevos menores que han llegado a la ciudad, (más de 240 menores en Purísima), “mientras que Almansouri discutía si daban continuidad o no la propuesta de prórroga del contrato”.

Le recuerda que desde junio los responsables de la gestión de los menores en la ciudad, “son su Gobierno y más concretamente Abderrahim Mohamed de CPM, como viceconsejero del Menor, que además se le dio las competencias de menores por orden del exconsejero de Bienestar Social, miembro del PSOE”.

Indica que estos responsables “también habrán firmado facturas relativas a los últimos siete meses para la atención a los menores, y habrán firmado también, informes para la prórroga del centro de protección de menores de Purísima”, apostilla.


“Artimañas” y la prórroga
Ventura le apunta a Almansouri que el exconsejero de Bienestar Social y demás miembros del PSOE, “han mantenido la postura de prorrogar el contrato, presentando toda la documentación, en tiempo y forma reglamentaria, en contra de la voluntad de su grupo, CPM, socios de Gobierno”. Propuesta de prórroga que “está, en su poder, para que la firme, desde hace más de un mes, y ha esperado justo hasta que el contrato ya está vencido para intentar modificarlo, sin haber incoado el oportuno expediente y sin haber obtenido un dictamen por parte de la comisión competente, que era preceptivo y que usted convocó esta semana, una vez el día 8 expiró el mencionado contrato”
En relación con lo anterior, apunta que el contrato “podría adolecer de un vicio de nulidad, ya que no ha sido votado ni dictaminado por la correspondiente comisión”. Además, “desconocemos con qué artimañas ha conseguido que la empresa firme, en su propio perjuicio, una prórroga de un año, en lugar de los dos que tenía derecho, aunque lo suponemos y llegaremos hasta las últimas consecuencias en defensa de la legalidad y la transparencia”.

Por tanto, recomienda a la consejera de Hacienda que “se lea la Ley de Protección Jurídica del Menor”, todas las Normas implicadas y demás observaciones relativas a la atención a los menores y formas de presupuestar su llegada a nuestras comunidades, “antes de acusar a los funcionarios públicos y querer desviar la atención de lo verdaderamente importante, que es la atención a los menores y la gestión de los centros de protección, que desde junio de 2019 corresponde a ese gobierno tripartito y discordante, incapaz de hacer lo correcto, incapaz de gobernar”, concluye.
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