Melilla Hoy 23/10/2017
8 de abril de 2020, 13:15:02
Inmigración


La Intervención bloquea pagos de la Ciudad por exceder en un millón el gasto en la Purísima

El contrato fue adjudicado hace dos años por 4.523.178,38 euros, pero la Ciudad pagó 5.478.556,62 euros en 2019

Por Paqui Sánchez T.

La Intervención General de la Ciudad Autónoma ha realizado un informe de reparo advirtiendo de que el coste de la gestión del centro de acogida de menores de La Purísima ha excedido en casi un millón de euros de euros la anualidad del contrato adjudicado.


El consejero de Distritos, Mohamed Ahmed, ha explicado que el contrato de gestión de dicho centro fue adjudicado hace dos años por 4.523.178,38 euros, si bien el total que la Ciudad Autónoma abonó en 2019 fue de 5.478.556,62 euros, debido a que la ocupación del centro triplica el máximo establecido en el contrato.
En concreto, según ha expuesto Ahmed, el contrato adjudicado hace dos años era para la acogida en el centro de 170 menores, aunque con la posibilidad de que llegara a un máximo de 350, si bien el número actual de menores acogidos en La Purísima es de 890, “con todo lo que ello supone en cuanto a las condiciones para los menores y el impacto presupuestario”.
Ahmed ha señalado que, con lo ocurrido, se pone de manifiesto que las condiciones en las que se hizo el pliego del contrato de gestión de La Purísima no obedecen a la realidad actual que hay en el centro de acogida de menores, algo que su grupo ya expuso cuando en noviembre se debatió la idoneidad o no de llevar a cabo una prórroga en las condiciones actuales.
“Además de los informes que se hicieron sobre las condiciones de salubridad y hacinamiento, también había una cuestión contable y económica sobre el coste que estaba suponiendo mantener el centro”, ha explicado el consejero para referirse al problema de contratación pública y las advertencias legales que ha generado no haber adaptado el pliego en su momento.
El hecho de que la gestión del centro haya supuesto un gasto superior en casi un millón de euros a la cuantía adjudicada ha dado lugar a un bloqueo del pago de las facturas por el informe de reparo de la Intervención General, de manera que ha quedado pendientes de pago 1.145.720 euros.
En el informe de la Intervención, según el consejero, se expone que en el expediente no constan modificaciones contractuales que justifiquen el coste “muy por encima” de la adjudicación, ni tampoco caben llevar a cabo “compensaciones entre compromisos de gasto correspondientes a cada ejercicio”.
El consejero cree “sustentada” la reivindicación de Coalición por Melilla (CPM) respecto a la necesidad de adaptar el pliego a las condiciones reales de La Purísima para evitar reparos legales como el que se ha producido.

Consejo de Estado
Ante esta situación, ha avanzado que el Consejo de Gobierno ha abordado este asunto, por el cual, además de la suspensión de pagos, habrá que nombrar a un instructor para que se compile toda la información y se haga llegar al Consejo de Estado para marcar las medidas que habrá que adoptar.
El consejero ha afirmado que este problema viene produciéndose desde finales de 2017, de manera que “no es que no haya habido tiempo suficiente para repararlo, sino que en aquel momento se debería haber advertido de que la prórroga se tenía que adaptar a la situación actual”, lo que hubiera supuesto la modificación del pliego de condiciones.

“Lectura positiva”
De todos modos, Ahmed ha hecho “una lectura positiva” de lo acontecido al señalar que la Ciudad Autónoma recibe una subvención estatal de 4,5 millones de euros para la acogida de menores, una cuantía que, a su juicio, ahora tendría que ser adaptada “a la situación real” que atraviesa, dado que ahora hay el triple de menores que cuando se estipuló esa ayuda.
Para Mohamed Ahmed, esta cuestión “no es solo de pliegos ni de cuantías”, sino que tiene “un alcance mucho mayor, que es hasta qué punto podemos asumir por completo la tutela y no plantear escenarios mixtos donde el Estado tenga una implicación directa”, como planteó el Gobierno para hacerse cargo de la primera acogida de los menores en las dos primeras semanas para hacer un reparto equitativo entre las autonomías.
Según el consejero, el Estado debe “amortiguar las situaciones de Ceuta y Melilla”, que tienen una frontera con un país tercero y, por lo tanto, tienen un contexto distinto al resto de regiones, con una “situación particular que se debe contemplar a nivel estatal”.
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