El 13 de Julio de 2017, sobre las nueve y media de la noche, el acusado se dirigió a su pareja, que estaba con los hijos de ambos en la plaza Enrique Nieto (Tiro Nacional), para insultarla, llamándola “puta”, “guarra” y “perra”, y amenazándola de muerte si no le permitía ver a sus hijos. El acusado, que ya contaba con antecedentes penales por otros delitos, reconoció los hechos ante la juez, motivo por el cual el Ministerio Fiscal planteó una rebaja de condena que librará al acusado de pisar la cárcel. La Fiscalía solicitó para el acusado una pena de 80 días de trabajos comunitarios y 5 días de arresto domiciliario, por dos delitos de amenazas e injurias en el ámbito de la violencia de género, además de una orden de alejamiento de 200 metros por dos años. El 13 de Julio de 2017, sobre las nueve y media de la noche, la víctima se encontraba en la Plaza Enrique Nieto (barrio del Tiro Nacional) en compañía de sus hijos cuando el acusado, su pareja -con la que tiene hijos en común- se acercó a ella y comenzó a insultarla y a amenazarla.
Entre otros improperios, el acusado le profirió a la víctima frases como “puta, que eres una guarra”, “te has vuelto cristiana y estás puteando” o “perra, que te has vuelto una paya”, para posteriormente amenazarla con acabar con su vida si no le dejaba ver a sus hijos.
En el juicio quedó de manifiesto que el acusado cuenta con antecedentes penales, aunque estos no son computables a efectos de reincidencia dado que dichos antecedentes son por un delito de desobediencia y un delito de quebrantamiento de condena.
La Fiscalía solicitaba inicialmente para el acusado una pena de un año de prisión por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género y una pena de 30 días de localización permanente (también conocida como “arresto domiciliario”) por un delito de injurias, además de la imposición de una orden de alejamiento de 200 metros por un periodo de dos años.
Al manifestar el acusado su conformidad con los hechos delictivos que se le imputaban, el Ministerio Fiscal accedió a plantear una rebaja de pena, quedando la misma en 80 días de trabajos comunitarios por el delito de amenazas, más 5 días de arresto domiciliario por el delito de injurias, además del mantenimiento de la prohibición de aproximación y comunicación de 200 metros por un periodo de dos años.
