La judicialización de la vida política melillense iniciada desde hace algún tiempo por distintos políticos de la oposición iba a tener una escalada ya que el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, (PP), había anunciado que tenía ultimadas 4 querellas contra distintos miembros de la oposición y un presidente de una ONG. En concreto, iban a querellarse contra la ejecutiva local del PSOE que en su día calificó de “corruptos” a los miembros del Ejecutivo, así como contra José Alonso, presidente de Derechos Humanos que los tildó de “banda de malhechores”. El equipo de gobierno también pensaba presentar querella por “usurpación de funciones” contra el diputado y concejal socialista Alberto Paz y contra Enrique Palacios, por sus actuaciones en el Pleno celebrado en marzo del 97. La judicialización de la vida política melillense iniciada desde hace algún tiempo por distintos políticos de la oposición iba a tener una escalada ya que el Ejecutivo de la Ciudad Autónoma, (PP), había anunciado que tenía ultimadas 4 querellas contra distintos miembros de la oposición y un presidente de una ONG. En concreto, iban a querellarse contra la ejecutiva local del PSOE que en su día calificó de “corruptos” a los miembros del Ejecutivo, así como contra José Alonso, presidente de Derechos Humanos que los tildó de “banda de malhechores”. El equipo de gobierno también pensaba presentar querella por “usurpación de funciones” contra el diputado y concejal socialista Alberto Paz y contra Enrique Palacios, por sus actuaciones en el Pleno celebrado en marzo del 97.
