El PP aseguró ayer que pedirá al Gobierno un incremento de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil para la frontera entre España y Marruecos en Melilla, debido a la presión migratoria que sufre nuestra ciudad con entradas irregulares de inmigrantes. En rueda de prensa, la senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo, argumentó la necesidad de este refuerzo del número de efectivos para que se pueda garantizar la seguridad en el puerto comercial, donde el año pasado se produjeron más de 19.000 intrusiones en su zona restringida, así como en otros “puntos álgidos donde se producen entradas”. “Hay que garantizar la seguridad de los melillenses, controlar la frontera, darle seguridad y fluidez y permitir el tránsito comercial y turístico”, afirmó Acedo, convencida de que se van a adoptar todas las medidas que sean necesarias para hacer compatibles todos esos elementos en la frontera hispano-marroquí en Melilla.
Según la senadora, “la seguridad de los melillenses pasa por que no haya menores desprotegidos en las calles, ni mayores buscando la oportunidad de irse como polizones”, razón por la que desde el 24 de enero se están llevando a cabo una serie de operativos policiales, que se han saldado con la localización de 194 migrantes en la calle, 120 de ellos menores.
En este sentido, afirmó que gracias a estos dispositivos de seguridad “ha bajado mucho la intensidad de la presencia de menores” en las calles, y se mostró convencida de que “por ser reiterativos en estos operativos, seguramente seguirá esa tendencia a la baja porque no verán tan fácil la posibilidad de acceder a los barcos”. “No vamos a cesar en poner a disposición todos los efectivos policiales para recoger a los menores de la calle y pasen a ser tuteados, e intentar que esa sensación de inseguridad que se ha podido generar no vuelva a producirse”, indicó.
“No son para atacar a nadie”
También destacó la importancia de las medidas “contundentes” de seguridad que se están adoptando en el puerto de Melilla, y puntualizó que son “para garantizar la seguridad de los melillenses, no para atacar a nadie”, ya que “no se puede permitir que haya en enero más de 3.000 intrusiones” en la zona restringida. “Todas las medidas de seguridad del puerto ayudan a que se produzca menos efecto llamada, porque con su blindaje, menores y mayores no le verán futuro a la salida”, subrayó.
Sin embargo, atribuyó las críticas de los partidos de la oposición a que “todo lo que vaya dirigido a garantizar la seguridad y la calidad de vida de los melillenses es contraproducente para ellos y se ponen en contra”.
Una crítica que también extendió a las ONG que “se benefician de que los menores estén en la calle”, una situación de la que “sacan rentabilidad” y por eso su “único objetivo” es que continúe, si bien les instó a que “si quieren ayudar a esos menores, deben trabajar con la Ciudad Autónoma para que vayan a los centros de acogida”.
Allí, recordó la parlamentaria popular, los menores son atendidos en todas sus necesidades y niveles, incidiendo mucho en su educación y en la adaptación al entorno de Melilla.
En este punto, afirmó que el PP seguirá adelante con las medidas porque “los cargos públicos tienen la obligación de tomar decisiones para garantizar la seguridad de los melillenses”. “El Gobierno de Imbroda no va a dejar de trabajar para que los melillenses no sufran esa sensación de inseguridad al salir a la calle”, aseguró la senadora.
