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La fiscal del “caso voto por correo” pide que se estudie la retirada del DNI a una segunda mujer amazigh por no saber hablar el español

Este cartel se hizo viral ayer en las redes sociales

La fiscal jefe de Melilla, María Isabel Martín López, ha pedido al tribunal que se estudie retirar la nacionalidad a una mujer de 57 años de edad por no saber hablar español, después de que esta testigo del "caso voto por correo" no supiera responder a la pregunta el presidente de la Audiencia Provincial cuando éste le cuestionó si juraba o prometía decir la verdad y ella no supo responderle porque no entendía la fórmula legal. Ante la negativa de ofrecerle un intérprete por ser nacional, la fiscal planteó que le quiten el DNI, como ocurrió con una mujer de 71 años el pasado 31 de enero. El Ministerio de Justicia tendrá la última palabra. Los hechos, según han informado a este periódico fuentes jurídicas, ocurrieron ayer martes durante la sesión del llamado caso voto por correo, porque el que se juzga desde hace meses a una treintena de miembros de PSOE y Coalición por Melilla (CPM) por la presunta "compra de votos" en las elecciones generales de 2008.

Así las citadas fuentes indicaron que para otro de los 380 testigos que se están citando durante todo este tiempo y que hoy continuarán, la fiscal del caso, María Isabel Martín, ha solicitado que se estudie si es conveniente despojarla de la nacionalidad española por no saber el castellano.

Todo ha ocurrido, han apuntado, después de que la testigo, nacida en el año 1961 y con hijos también españoles, algunos con estudios superiores, no supiera responde a la pregunta del juez, cuando le planteó la fórmula por la que se inicia cualquier declaración de testigo: jura o promete decir la verdad.

Al ver que no sabía contestar cuando el magistrado le preguntó si entendía lo que le estaba planteando, la fiscal jefe de Melilla pidió aplicar el artículo 25 del Código Civil. Este artículo 25 dice textualmente lo siguiente:
"1. Los españoles que no lo sean de origen perderán la nacionalidad:
a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.

b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno.

2. La sentencia firme que declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española produce la nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe. La acción de nulidad deberá ejercitarse por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia, dentro del plazo de quince años".

La acusación particular que representa al PP, según las citadas fuentes, se sumó a la petición de la fiscal.

Esta es la segunda testigo a la que María Isabel Martín pide retirar el DNI después de que hiciera lo propio el pasado 31 de enero de 2018 cuando una mujer de cerca de 72 años de edad no manejara tampoco el español y se le denegara el uso de intérprete al ser nacional. A ambas, en cambio, se les permitió declarar con intérprete ante la Guardia Civil durante la investigación.

El juicio continuará hoy y no se descarte que se den más casos de personas que no conocen el castellano para hacer frente a las respuestas que se les formulan durante las vistas, si la fiscal sigue en su misma línea.

Lo ocurrido ha vuelto a originar una polémica entre quienes están en contra de la decisión de la Fiscalía, hasta el punto de que las redes sociales se han llenado de comentarios e incluso de una fotografía que se hizo viral, donde se crítica la posibilidad de que se le retire la nacionalidad a melillenses de origen amazigh cuando llevan años e incluso décadas, en el caso de la anciana, disfrutando del DNI.

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Redacción

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