Coalición por Melilla (CPM) anunció ayer su intención de denunciar ante la Fiscalía la contratación menor de la Viceconsejería de Festejos del Gobierno autonómico, debido a sus “dudas más que razonables de supuestas irregularidades” en estas adjudicaciones. En rueda de prensa, el diputado de CPM en la Asamblea de Melilla Rachid Bussian afirmó que en esta área del Gobierno melillense se están produciendo adjudicaciones “a dedo” de contratos y servicios, como a su juicio demuestran los “contratos en fraude de ley” que han analizado en la Comisión de Control de Licitaciones, presidida por los cepemistas. Según explicó Bussian, CPM ha intentado recopilar en la comisión las pruebas que avalasen las “sospechas de mala praxis y continuo despilfarro de dinero público que hay sin pudor alguno en la Viceconsejería de Festejos”, y aludió concretamente a casos de “claro fraccionamiento” en contratos menores para no superar los 18.000 euros establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
Además, afirmó que “apenas tres empresas se están llevando gran parte del pastel del presupuesto” de esta viceconsejería, alrededor de un 60 % del total mediante la adjudicación de contratos menores, lo que ha denominado como “el Triángulo de las Bermudas”.
Bussian también acusó a la Viceconsejería de Festejos de duplicidad de servicios y facturaciones por un solo evento, así como la contratación de personal de apoyo o asistencia técnica a través de empresas externas, en lugar de recurrir a la bolsa de trabajo o a la adjudicación de dichas plazas a través de oposiciones.
Otras de las supuestas irregularidades que el diputado cepemista señaló son la facturación con diferentes denominaciones pero con un mismo administrador, lo que según CPM es “una clara muestra de las intenciones de fraccionar contratos y servicios”, además de la adjudicación de retransmisiones de eventos en lugar de recurrir a la televisión pública.
El diputado de CPM aseguró que el Gobierno melillense ha dado “la callada por respuesta” ante todas estas cuestiones en la Comisión de Control de Licitaciones, donde denunció que el viceconsejero no se ha presentado a algunas de las convocatorias, “obstaculizando la labor de fiscalización de la oposición”.
En otras a las que sí ha asistido, Bussian lamentó que Francisco Díaz ha culpado a los técnicos de la “mala praxis” e incluso llegó a responder sobre las empresas que hacen estos servicios “recurriendo a las páginas amarillas”, algo que CPM cree impropio de un responsable político que “cobra más de 4.000 euros mensuales”.
Falta de transparencia
CPM advirtió además de una “falta de transparencia” de esta área del Gobierno melillense por ser la única que no ha publicado aún la contratación menor del año 2017. Por todo ello, está en estos momentos ultimando un informe de conclusiones sobre estas cuestiones para llevarlo ante la Fiscalía con la intención de presentar una denuncia.
