El 1 de julio de 2016, sobre las seis de la tarde, se produjo un altercado en el interior de una tienda situada en la calle General Marina. Según relata la Fiscalía, el acusado habría amenazado y agredido en repetidas ocasiones a su esposa, la propietaria de la tienda, instándola a cerrar el establecimiento y provocando destrozos en el mismo. La situación llevó a la víctima a pulsar el “botón del pánico” de la alarma, por lo que la empresa de seguridad solicitó la asistencia de una patrulla de la Policía, que atendió a la víctima. Pese a la intención de ésta de no denunciar, las imágenes de las cámaras del local han provocado que se siga adelante con el proceso. La Fiscalía pidió un año de prisión por un delito de lesiones, mientras que la defensa pidió la absolución.
Según los hechos descritos por el Ministerio Fiscal, el día 1 de julio de 2016, sobre las 18:00, en una tienda ubicada en la calle General Marina -propiedad de la víctima- se produjo un fuerte altercado entre un matrimonio.
El enfrentamiento habría comenzado cuando el acusado (marido de la víctima, con el que en aquél momento estaba en proceso de divorcio) entró en el local. En ese momento comenzó una discusión que acabó con el acusado supuestamente propinando dos bofetadas a su mujer, tras lo cual habría salido de la tienda para posteriormente volver a entrar, amenazándola y exigiéndole que cerrara el establecimiento.
En esta supuesta segunda acometida, el acusado habría pegado y arrastrado a su mujer, provocando significativos daños en el local, y obligando a la víctima a pulsar el “botón del pánico” de la alarma de la tienda.
Tras pulsar el botón, el personal de la centralita de la empresa de alarmas se “conectó” en directo con lo que sucedía en la tienda y realizó una llamada a emergencias, que comisionó una furgoneta con cuatro o cinco agentes de la Policía Nacional, que fueron quienes atendieron a la mujer -el acusado ya se había ido de la tienda para cuando los agentes llegaron- quien, según declararon los agentes, estaba “llorando, muy nerviosa” y “con mucho miedo”.
Según los testimonios de los agentes, la mujer se negó a declarar “desde el principio” porque afirmaba que tenía miedo de su marido, quien supuestamente la había amenazado de muerte.
Pese a que la mujer se negó a denunciar, el contenido de las cámaras de seguridad de la tienda aparentemente (no se reprodujo el vídeo en el juicio) mostraba cómo se producía la agresión, motivo por el cual se continuó con el proceso contra el acusado.
En el juicio, ni el acusado, ni la víctima ni su hermana (testigo presencial) accedieron a declarar.
El Ministerio Fiscal interesó para el acusado la imposición de una pena de un año de prisión más una orden de alejamiento de 300 metros por un periodo de tres años, por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.
La defensa pidió la libre absolución de su patrocinado.
“¿Pero cómo le voy a decir a una chica que no denuncie?”
La defensa basó parte de su estrategia en la idea de que los agentes se extralimitaron en sus funciones, forzando a la mujer a denunciar a su cónyuge. En esta línea, el letrado de la defensa insistió mucho en si el agente encargado de tratar con la mujer inmediatamente después del suceso le comunicó a la víctima que no tenía obligación de declarar contra el acusado por ser éste su marido. Ante la pregunta, el agente reaccionó con sorpresa, “¿Pero cómo le voy a decir yo a una chica maltratada que no denuncie?”
