El juzgado de lo Penal número 1 de Melilla acogió ayer el juicio contra Miguel Marín por un presunto delito de prevaricación al contratar de interino hace 10 años a un arquitecto para la Ciudad Autónoma cuando era consejero de Administraciones Públicas. En las conclusiones finales, la Fiscalía redujo su petición de pena a 11 a 8 años de inhabilitación especial mientras la acusación popular, formada por Manos Limpias, Coalición por Melilla (CPM) y Dionisio Muñoz, ex secretario general del PSOE local, 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. Por su parte, la defensa solicita la absolución de Marín argumentando que el hecho de la causa ya se había juzgado tal y como lo muestran las diferentes resoluciones judiciales y los órganos consultivos, en el que se llegó a sobreseer la causa abierta contra el jefe de negociado de Relaciones Laborales de la Consejería de Administraciones Públicas. Miguel Marín, que en la actualidad también es secretario general, ha asegurado que su única intervención en la contratación del arquitecto interino para la Ciudad Autónoma se limitó a la firma de los dos contratos para cubrir las bajas temporales y por jubilación de otros dos arquitectos, así como la extinción de mutuo acuerdo del primer contrato. Además, aseveró que se enteró después cuando le llamaron en calidad de imputado de que el arquitecto contratado estuvo hasta en dos ocasiones trabajando con la persona que sustituía. En esa línea, Marín señaló que no tenía conciencia ni él, ni la Consejería de Administración Pública ya que la contratación se realiza a través de la jefatura de negociados y Relaciones Laborales.
Declaración de Marín
También, el presidente de la Autoridad Portuaria expresó que "es normal que ocurran desfases temporales cuando se entrega el papel de altas o bajas médicas porque se encargan diferentes departamentos de funcionarios". El Ministerio Fiscal ante la respuesta de Marín le cuestionó si era habitual que una persona contratada por una baja temporal trabaje con la que sustituía y expuso que "hasta la Inspección de Trabajo nos sancionó por estos desfases temporales, además emitimos dos circulares donde se insta a que se agilice la conexión entre áreas". La Fiscal espetó al responsable del Puerto si esos desfases suponen una malversación del dinero de todos los melillenses, por lo que le respondió que "si la información no viene desde abajo, no puedo saberlo".
En este aspecto, el titular de sala preguntó a Marín cómo es posible que se pague a dos personas durante cierto tiempo por hacer el mismo trabajo y confesó que "esa circunstancia se debe apreciar en la Consejería, concretamente en la jefatura de negociados ya que no puedo verificar si están de baja o no. Es imposible que me entere de ese descontrol porque no voy de despacho en despacho todos los días preguntando".
Por otra parte, se le cuestionó por qué ordenó un informe a los directores generales sobre cómo se habían realizado las dos contrataciones y respondió que "cuando me imputaron quise saber si hubo algún error pero como ya dijo el juzgado de lo Social se ajustó al Derecho en la contratación tal y como se expone en las resoluciones judiciales".
El juez quiso saber si el proceso de selección que pasó el arquitecto interino ha ocurrido en más ocasiones por lo que el responsable del Puerto afirmó que "se trataba de una oferta genérica del INEM donde el convenio colectivo de la CAM dice que si no existen bolsas de trabajo previstas se tienen que solicitar, tal y como se pidió a Fomento para que se constituyera".
La Fiscal ha querido saber si en caso de duda de la interpretación de los artículos de la bolsa de trabajo por qué no se lo comunicó a la Comisión de Interpretación, Valoración y Estudios (CIVE), Miguel Marín le contestó que "era un mecanismo ordinario y ningún sindicato protestó, ellos dieron por bueno el procedimiento". El Ministerio Fiscal también hizo hincapié en las oposiciones de arquitectos que sacaron en 2006 donde Marín señala que "cuando se conocieron las oposiciones había necesidades en Fomento y se publicaron las bases y en diciembre, se nombró al Tribunal, que es el que pone el examen y soberano de elegir la fecha. Hubo recursos por el Colegio de Arquitectos que hacen que esas plazas se demoren, y a día de hoy aún no se han convocado". El responsable del Puerto también explicó que "se pidió el temario, se mandó a Administraciones Públicas y a la CIVE y se publicó. Lo leí pero sin profundizar porque no entiendo sobre eso".
La acusación popular preguntó a Marín cómo el arquitecto entró como laboral si era una plaza para funcionarios, por lo que respondió que "él tenía un trabajo temporal que está cubierto por las leyes de la bolsa del trabajo". El abogado de la acusación popular también se ha interesado por el hecho de que el Colegio de Arquitectos fuese excluido de la Comisión de Patrimonio, de la que pasó a formar parte el arquitecto interino y preguntó si esta cuestión tuvo que ver con las denuncias puestas por este colegio a la remodelación del teatro Kursaal. Marín por su parte sostuvo que no lo recordaba.
La defensa insiste a Miguel Marín si conocía al arquitecto y éste sostuvo que "ni de vista, ni firmando el contrato" ya que es el jefe de selección quien se encarga y señaló que "este procedimiento es ordinario, no di ninguna orden ni de mandato ni administrativa solo pedí que se cubriera la plaza".
Testigos
Por vídeo llamada también declararon el decano y el secretario del Colegio de Arquitectos de Melilla, Javier Herrera y Benito Perelló que han explicado que tuvieron una reunión con el consejero de Fomento, Rafael Marín y el viceconsejero, Juan Antonio Iglesias donde preguntaron que por qué no se había hecho la contratación de servicios del arquitecto pero les dijeron que no era legal y ya estaba decidido. Además, Perelló asegura que Juan Antonio Iglesias le comentó que se contrataba a ese arquitecto por ser el hijo de un amigo suyo a pesar de que él le expusiera que "podía contratar a quien quisiera pero que no fuera una persona inexperta sin conocimientos sino que supiera lo que hace y con un rodaje".
Herrera señala que pusieron un contencioso-administrativo porque "pensamos que cuando acabara esa baja se volvería a la normalidad pero cuando se quedó el puesto libre le hicieron un puente pasando a ser funcionario por una jubilación". Aunque luego "cuando no me presenté de decano, retiraron la acusación diciendo que el Consejo Superior tenía que retirarse pero dijeron que era mentira". Respecto a las oposiciones que salieron en 2006, Javier Herrera explica que "nada más salir la sentencia, se fijó la fecha de la plaza de forma tan nerviosa que había un temario obsoleto con leyes derogadas". Por otra parte, ambos mantienen que "a raíz de todo eso expulsaron al Colegio de Abogados de la Comisión de Patrimonio y entró el arquitecto". Benito Perelló añade que "no era habitual que la contratación del arquitecto fuera así y no de otra forma, todos estábamos esperando las oposiciones".
Funcionario de baja
El funcionario que estuvo de baja compareció en el juicio expresando que estuvo un año entero de baja por un accidente laboral y él se incorporó con su alta médica. Además, declara que "volví con normalidad a mi despacho y que yo sepa no lo ocupó nadie"
Por otra parte, la acusación popular quiso saber si firmó el mutuo acuerdo con la Ciudad Autónoma y el arquitecto interino señaló que "no firmé la resolución porque tenía confianza con un funcionario que me dijo que me iban a hacer un contrato de interinidad". La defensa hizo hincapié en si firmó el contrato en presencia de Miguel Marín pero respondió que no.
Dos testigos más, ambos técnicos de la Ciudad Autónoma, expusieron que el arquitecto interino superó un proceso selectivo porque había alguien de baja y se necesitaba un arquitecto, también expresan que "no hubo una coordinación entre la administración para expresar que se había incorporado junto con su sustituto pasando dos meses". Por ello, uno de ellos manifiesta que para evitar que se volviera a repetir esos desfases temporales, "se remitieron dos circulares para poner una solución porque ya fuimos sancionados por Inspección de Trabajo".
Respecto a las oposiciones de arquitectos, uno de los testigos explica que "precisamente por las alegaciones del Colegio de Arquitectos se paró y a día de hoy sigue igual".
Ayer por la tarde la sesión del juicio 'Caso Arquitecto' continuó llamando a declarar a cinco testigos más hasta que última hora quedó visto para sentencia.
