Nadie espera que alguien vaya a asumir las responsabilidades de esta condena, en la que la Ciudad Autónoma tendrá que pagar con dinero de todos los melillenses las costas de un proceso judicial que no debería haberse celebrado nunca si la Administración hubiera hecho bien su trabajo
La Ciudad Autónoma ha sido, de nuevo, condenada por unas oposiciones a la Policía Local. Otra vez. Y ya van unas cuantas. Un juez rectifica a la Administración de todos los melillenses y le obliga a readmitir a dos aspirantes a policías locales que fueron, lo dicen dos sentencias, injusta y erróneamente eliminados. Como en ocasiones anteriores, en la última prueba, la que se encarga de evaluar de forma psicotécnica a los aspirantes primero con unos test y después, con una entrevista personal. Curiosamente, la única prueba de todas las que se incluyen en las bases de la convocatoria cuya valoración no se puede medir por unos parámetros, sino que es subjetiva por los examinadores, un equipo de psicólogos, traídos de fuera de Melilla, que asesora al tribunal de las oposiciones.
Ante hechos como estos, cualquiera se pregunta qué está pasando con las oposiciones de acceso a la Policía Local, donde siempre hay polémicas que terminan en impugnaciones que la Justicia resuelve condenando a la Ciudad Autónoma. Llama la atención que estos problemas se den siempre en las mismas oposiciones, porque no hay noticia, al menos que haya trascendido, de que también ocurra lo mismo en las que se celebran para cubrir plazas de bomberos, auxiliares, y otros puestos de la Administración Pública de Melilla. Y es preocupante que esto suceda porque hablamos de unas oposiciones que convierten a quienes la aprueban en agentes de la autoridad.
Con las dos sentencias que acaba de emitir el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla, que el miércoles adelantó MELILLA HOY, resulta que dos aspirantes que fueron eliminados, deben ser declarados aptos en esa última prueba, de manera que han aprobado la primera fase de las oposiciones y deben convertirse en alumnos en prácticas para pasar a la fase de formación antes de tomar posesión como policías locales. Nos encontramos, por lo tanto, que dos de los 10 aspirantes que aprobaron a mediados de 2016 no deberían haber entrado en la Policía Local porque ocupaban los lugares de los que fueron injustamente eliminados, según el juez. ¿Qué pasará con ellos ahora? Lo más probable es que la Ciudad Autónoma los deje dentro, como ya hizo en otras oposiciones anteriores donde se dio este mismo problema, de manera que en vez de las 10 plazas que ofertó, se han pasado a 12 sin que nadie se despeine en esa Administración Pública, donde tan tiquismiquis son para otras cosas.
Porque por supuesto, nadie espera que alguien vaya a asumir las responsabilidades de esta condena, en la que la Ciudad Autónoma tendrá que pagar con dinero de todos los melillenses las costas de un proceso judicial que no debería haberse celebrado nunca si la Administración hubiera hecho bien su trabajo. Sin entrar a valorar si ese error fue voluntario o involuntario, que esa es otra historia, la realidad es que si ese dinero tuviera que salir del bolsillo del responsable, otro gallo cantaría y seguramente no se darían casos como los que se están dando, que no son culpa de los funcionarios que conforman el tribunal de oposiciones, sino de los altos responsables del Área de Administraciones Públicas por no desvelarse para conseguir que las oposiciones estén libres de problemas, polémicas y condenas que únicamente dan lugar a una falta de confianza de los melillenses hacia la exigible limpieza de los procesos de acceso a la Administración.
