El juicio del caso del Voto por Correo se reanudó ayer con una sesión en la que prestaron declaración el Capitán de la UCO responsable de la investigación y uno de los agentes instructores. Durante sus declaraciones ambos guardias civiles coincidieron a la hora de presentar las diferentes irregularidades que llevaron a la imputación de los acusados y dieron especial importancia a las grandes presiones recibidas tanto por los investigadores (a nivel mediático) como por los principales testigos, Ikram Aanan y Nordin Abdel-Lah, quienes habrían sido amenazados. Estas presiones, según ambos declarantes, serían las causantes de los diferentes cambios de versión realizados por Nordin Abdel-Lah.
El juicio oral por el llamado caso del “Voto por Correo” se reanudó en la jornada de ayer con el comienzo de las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil responsables de la investigación que ha llevado a la imputación de los acusados y a la celebración del proceso que nos ocupa.
En primer lugar prestó declaración el Capitán de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) responsable del equipo que asumió la investigación de los supuestos delitos cometidos durante las Elecciones Generales de 2008.
Ante las preguntas de la fiscal jefe de Melilla, el Capitán realizó una exposición detallada del proceso de la investigación, destacando que la principal línea de investigación fue la derivada de la toma de declaraciones a las personas que emitieron votos por correo, precisando que en ninguna ocasión los agentes preguntaron o hicieron alusión alguna a la opción política elegida; “somos una unidad muy conocida, nuestro personal tiene mucha experiencia y está muy seleccionado” por lo que, afirmó, sabían qué hacer y cómo tomar las declaraciones.
En cuanto al voto por correo de aquél 2008, el Capitán declaró que les resultó llamativo el hecho de que dicha modalidad se disparara de una forma “desproporcionada”, aumentando un 54% “mientras que en mesa el aumento fue de sólo el 8%”. Debido a este aumento, el equipo de investigación -haciendo uso de las listas facilitadas por la oficina del censo electoral- tomó declaración a 655 personas, todo ello teniendo en cuenta que tuvieron que parar de recoger declaraciones debido al aumento de la presión y el “acoso” mediático, “que provocó que la gente dejara de venir a declarar”, por lo que, a su juicio, “hubo una involución en las declaraciones con el paso del tiempo”, que les llevó a detener el proceso a mediados de noviembre de 2010.
De estas 655 personas que figuraban como votantes por correo y que prestaron declaración, según afirmó el responsable de la investigación, en torno a 350 no habían recibido sobres y no eran conscientes de haber realizado el voto por correo, y más de 200 declararon haber ido a votar a cambio de un puesto de trabajo.
A raíz de las declaraciones de los 655 testigos, la Guardia Civil habría percibido “un número importante de irregularidades” (solicitudes rellenas con la misma letra, solicitud del voto por correo en la misma sede de los partidos, etc.), lo que llevó a los agentes a extender la investigación a Correos, que era “donde se perdían los sobres del voto por correo”.
Según el Capitán, los testimonios de los empleados de Correos fueron “demoledores y muy valientes”, en tanto en cuanto que dichos empleados tenían “pavor” del entonces jefe de Correos, Juan José Redondo.
Poderes electorales
Tanto el Capitán como el agente instructor coincidieron a la hora de señalar las “numerosas irregularidades” que presentaban los casos de personas que habían delegado su voto mediante un poder electoral a causa de su supuesta incapacidad física.
Según los investigadores, se encontraron con que hasta 42 de los poderes electorales emitidos en esas elecciones habían sido emitidos por el mismo notario en base a certificados médicos firmados todos por la misma doctora, Zahra Karam (mujer de Mustafa Aberchán). Según los investigadores, estos certificados presentaban un gran número de irregularidades ya que, además de la falta de concreción (en todos ponía “patología que limita su capacidad física”), no constaba que la doctora Karam fuera la responsable de esos pacientes y éstos manifestaron no haber sido visitados por ella “ni tener conocimiento de que habían votado por correo”. Además, “en un mismo certificado había distinta letra e incluso tintas diferentes” y los testigos instrumentales (cuando las personas no sabían leer o escribir) “resultaron ser peronas afiliadas a CpM”.
Presiones y amenazas
Tanto el responsable del equipo de investigación como el agente instructor aludieron a las presiones y amenazas sufridas por Ikram Aanan y Nordin Abdel-Lah a raíz del proceso, achacando precisamente al miedo derivado de dichas presiones los múltiples cambios de versión realizados por Nordin, de quien el Capitán dijo que era una persona “emocionalmente sensible” que “ha sufrido muchísimo”; “he trabajado con gente muy peligrosa, y nunca he visto -quitando los ajustes de cuentas- un acoso y derribo como el que ha sufrido Nordin por parte del entorno de CpM”, a lo que añadió, “yo he visto llorar a Nordin totalmente derrumbado, con su familia enfrentada a él a muerte porque había denunciado los hechos”. A modo de consideración personal, el Capitán afirmó creer que la versión de Nordin se ajusta a la realidad, “creo que, de haber estado actuando, deberían de habérselo llevado a Hollywood, porque significaría que es un magnífico actor”.
Las presiones a Ikram, si bien han sido menores “por su mayor fortaleza emocional”, también habrían existido, “recuerdo que le pusieron papeles en el coche amenazándola de muerte”, afirmó.
El agente instructor, por su parte, confirmó lo manifestado por su jefe al afirmar que él había “vivido en primera persona” las presiones recibidas por Ikram y Nordin, presiones que aumentaron a raíz del levantamiento del secreto parcial de las actuaciones y que fueron denunciadas en su momento los juzgados.
“Nordin vivía en la Cañada, en un barrio complicado, y llegaron a echarlo de casa por todo esto”, declaró el agente, quien declaró haber tenido sus dudas acerca de la veracidad de los testimonios de Nordin a raíz de sus numerosos cambios de opinión, dudas que, sin embargo, se disiparon cuando el agente fue consciente de su situación, “de cómo le afectaba su situación familiar y religiosa” ya que “le tenían vetado en la mezquita, lo señalaban, tenía miedo de que lo vinculasen con temas yihadistas […] el inicio del juicio le aterraba”, concluyó.
La presión mediática denunciada por los dos Guardias Civiles que declararon ayer no se limitó únicamente a Ikram y Nordin, sino que también afectó a los investigadores, quienes fueron acusados por diferentes responsables políticos de “auténticas barbaridades” como “amenazar a la gente y poner pistolas encima de la mesa”, finalizó el agente instructor.
Cartas falsas, válidas para un público analfabeto
Al ser preguntado por las diligencias realizadas en lo relativo a las cartas falsas de la UPD en las que se afirmaba que el receptor había sido preseleccionado para los Planes de Empleo, el responsable de la investigación afirmó que, pese a que las cartas eran “falsificaciones burdas”, había que tener en cuenta que iban dirigidas “a un público mayormente analfabeto, en riesgo de exclusión social y con grandes necesidades de empleo”, por lo que “para estas personas, las cartas podían parecer perfectamente válidas”. Esto explicaría la “masiva afluencia” posterior de personas reclamando un empleo carta en mano. Así mismo, el Capitán de la UCO consideró que “las cartas falsas tuvieron que salir de las sedes de CpM o Juventudes Socialistas, porque llegaron pocos días después de que estas personas pasaran por las sedes”.
