El entonces presidente del Gobierno de la Ciudad Autónoma, Enrique Palacios, decidía no admitir a trámite la moción de censura que el PP presentó contra el consejero de Economía, Juan José Imbroda, por lo que no convocaría el Pleno pretendido por los populares para la próxima semana. Palacios basaba su decisión en un informe de sus asesores, que recogía fundamentos similares a los utilizados para no admitir la moción de censura que el PP presentó previamente contra él y en el que concluía que la nueva moción era también «manifiestamente ilegal».
El PP denunciaba que se extremaba la «persecución» del Gobierno Palacios contra los diputados del PP, tras haber solicitado a Telefónica una relación completa de las llamadas que realizaban con sus móviles.
