El juez decano de Melilla, en la línea del resto de administraciones de Justicia de todo el territorio nacional, ha convocado el primero de los actos de protesta programados por jueces y fiscales, una concentración el próximo jueves a la una del mediodía frente a las Torres del V Centenario. Jueces y fiscales reclaman de manera consensuada que la Administración aplique las 14 propuestas que proponen, propuestas que afectan no sólo a la independencia judicial sino también a la modernización del sistema y la situación laboral de jueces y fiscales. El Juez Decano de Melilla, quiere ha convocado una concentración el próximo jueves 5 de abril, a las 13:00 horas, frente a las puertas de las Torres V Centenario, edificios cuyas dependencias son utilizadas por la Administración de Justicia.
La concentración, a la que asistirán los Jueces y Fiscales del partido judicial, tendrá como objetivo la lectura de las reclamaciones y propuestas que tienen en materia de Justicia, todo ello como parte del calendario que todas las asociaciones de jueces y fiscales consensuaron hace unas semanas y cuyo calendario de actuaciones en el caso de no ser atendidas las peticiones que realizan, sería una concentración en Madrid el sábado 14 de abril, el comienzo de la realización de paros parciales de una hora (de 12 a 13h) todos los jueves durante un mes y, por último, el inicio de una huelga de la Administración de Justicia el 22 de mayo, fecha que podría cambiar en función de las negociaciones con la Administración.
Peticiones
El 16 de junio del pasado 2017 las cuatro asociaciones judiciales y las tres asociaciones de fiscales consensuaron un documento en que los miembros del estamento judicial realizaban un total de “14 propuestas para la mejora de la Justicia”.
Entre las peticiones de jueces y fiscales se encuentran la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital -que da muchos fallos y aumenta la carga de trabajo; “nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y en particular su desigual aplicación en el territorio nacional”-, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.
Pese a que las propuestas de las asociaciones judiciales competen a diversos organismos, unas a las Cortes Generales, otras al Ejecutivo y el resto del Consejo General del Poder Judicial, no ha habido avances en ningún frente y la propuesta de un pacto de Estado en cuanto a Justicia ha fracasado.
Además de la falta de avances en materia de independencia judicial y modernización del sistema, los jueces y fiscales también protestan por la precarización de sus puestos de trabajo, la falta de racionalización de las plantillas y los problemas a nivel retributivo, como el pago “irrisorio” de guardias de jueces y fiscales.
