El presidente de CPM, Mustafa Aberchán, anunció ayer que han interpuesto en el juzgado de instrucción de Melilla una querella criminal por un presunto delito de prevaricación, incitación al odio y coacciones contra el delegado del Gobierno, Abdelmalik el Barkani; la consejera de Presidencia y Salud Pública, Paz Velázquez; el comandante de la Guardia Civil, Ignacio Lombo y el veterinario L.J.G. por las trabas al paso de corderos desde Marruecos a Melilla para la pascua del sacrificio "incumpliendo" la disposición modulada por el Ministerio de Medio Ambiente al respecto. Explicó Aberchán que aunque la querella la firman los 5 diputados de CPM y seis particulares a los que en agosto de 2017 se les impidió la entrada de corderos desde Marruecos, a la misma espera que se sumen CPM como acusación particular, y "todo tipo de organizaciones y ong que lo consideren oportuno".
Presuntas ilegalidades
Según dijo, la intención es actuar contra "las figuras que consideramos responsables del rosario de irregularidades, de presunta ilegalidades y expresiones xenófobas que han llevado en los dos últimos años a una crispación que ha derivado en que la mitad del pueblo de Melilla tenga que salir de su tierra, de su país, para poder celebrar una tradición milenaria". Aseguró el presidente cepemista que en este asunto va a llegar "hasta donde haga falta, como el Tribunal Constitucional o Estrasburgo, para defender lo que es patrimonio de todos los ciudadanos melillenses y no necesariamente de una confesión".
El asunto se centra en la situación vivida el 16 de agosto de 2017 en el puesto de Beni Enzar por la retención de 11 corderos marroquíes que varios miembros de la Plataforma por las Tradiciones, entre ellos 5 diputados de Coalición por Melilla (CPM), habían intentado pasar a la ciudad el día anterior. Los borregos, tras casi 24 horas en la frontera, fueron devueltos a Marruecos.
Aberchán considera que se dieron "una serie de actitudes contrarias a derecho, arropadas por una institución como la Delegación del Gobierno que tiene que estar al servicio del pueblo y no para perseguirlo"; hechos que deberán ser juzgados, utilizando para ello los 30 documentos oficiales, videos y audio con los que acompañan la denuncia.
Querella
La denuncia elaborada por el letrado Gonzalo Boye, manifiesta que los once denunciantes "cumplían escrupulosamente" los requisitos establecidos por la Orden Ministerial cuando intentaron importar varias cabezas de corderos desde Marruecos. Explica que se atendieron los requisitos que en julio se incluyeron en la disposición transitoria habilitada para permitir la entrada de animales para la pascua del sacrificio en Melilla, entre el 1 de agosto y 2 de septiembre, "al considerar que la fiebre aftosa se había estabilizado" en Marruecos. Los requisitos establecían que los corderos estuvieran acompañados de un certificado veterinario oficial; que pasaran un control veterinario oficial en la frontera; que el destino fuera una explotación ganadera; y que fueran transportados en vehículos autorizados que previamente fueran desinfectados antes de su entrada en territorio nacional.
"Tanto los animales como los vehículos cumplían todos los requisitos sanitarios legalmente establecidos", pero una vez en la frontera, se impidió la entrada de los animales al considerar que no se cumplía la exigencia de que tuvieran como destino una explotación ganadera, algo en lo que están en desacuerdo los denunciantes, que señalan que iban a ser conducidos al matadero que es un lugar "legalmente previstos" en la ley como explotación ganadera.
Se alegó en la orden que se prohibía la importación porque el centro de destino no había emitido una autorización expresa y por escrito. El abogado interpreta al respecto que la Orden Ministerial "únicamente señala que los animales deben estar destinados a una explotación ganadera, sin ser en ningún caso requisito necesario obtener una autorización expresa por parte de dicha explotación". Además, dado que el matadero es de titularidad municipal, "no debería haber habido negativa por su parte, al tratarse de un organismo público que debe cumplir un mandato del Gobierno central".
La querella va contra el veterinario que firmó la orden de rechazo de los animales; contra la consejera de Presidencia, Paz Velázquez, porque "se negó a cumplir lo preceptuado en la Orden Ministerial" ya que, entienden, pudo haber dado la autorización para que el matadero recibiera los corderos; contra el delegado del Gobierno por permitir "este flagrante incumplimiento de la orden ministerial" y verter declaraciones "faltando a la verdad"; así como contra el comandante de la Guardia Civil que ordenó el desalojo de sus defendidos. Todos ellos "eran perfectamente sabedores de la ilegalidad de las resoluciones que dictaban, puesto que conocían la orden ministerial cuyo cumplimiento estaban impidiendo".
