Fernando Germán portillo, decano de los jueces en nuestra ciudad, concedió una entrevista a MELILLA HOY con motivo de las reivindicaciones expuestas el pasado jueves por jueces y fiscales frente a los juzgados. Las propuestas presentadas engloban aspectos como la mejora de las condiciones laborales, la modernización de la justicia o la independencia judicial, que es uno de los temas que más preocupación genera en el seno de la carrera judicial, aunque más por un tema de imagen que porque en realidad los profesionales sufran algún tipo de perjuicio en su día a día laboral. El juez decano repasa los principales puntos de las propuestas y plantea una visión ligeramente pesimista acerca de la posibilidad de llegar a un acuerdo con los organismos e instituciones responsables, toda vez que no han recibido más que “palabras vacías”, por lo que contempla como única solución viable la puesta en marcha de una huelga indefinida de jueces. El decano de los jueces en Melilla, Fernando Germán Portillo, concedió una entrevista a MELILLA HOY con el objetivo de transmitir y dar a conocer más a fondo la problemática que ha llevado a jueces y fiscales a reivindicar una serie de 14 profundos cambios en el ámbito de la Administración de Justicia, cambios que competen principalmente a tres organismos: el Gobierno, las Cortes Generales y el Consejo General del Poder Judicial. Dichas propuestas (14, en total) giran en torno a grandes bloques como son el refuerzo de independencia judicial, la modernización de la justicia y la mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales.
P. Hablan de cuatro asociaciones de jueces, tres de fiscales y 3.500 jueces que de motu propio apoyan las 14 propuestas presentadas el pasado jueves… ¿Cómo está de extendido el consenso? ¿qué porcentaje de los jueces cree usted que está posicionado del lado de las 14 propuestas?
R. Todas las asociaciones de jueces, que representan en torno al 52% de los profesionales, han refrendado estas propuestas, lo que ocurre es que en la carrera judicial (formada por 5.600 jueces) hay muchos profesionales que no están asociados. Existe un gran complejo entre los compañeros a la hora de asociarse, ya que tradicionalmente había dos asociaciones mayoritarias que venían a funcionar como las correas de transmisión de ciertas ideas políticas, y los jueces no suelen ser partidarios de que se les etiquete como “de derechas” o “de izquierdas”, motivo por el cual se ha generado mucho recelo. A pesar de que las cosas han cambiado, sigue habiendo desconfianza y poco asociacionismo, hasta el punto de que más de un 40% de los profesionales no están asociados. El apoyo de las medidas propuestas por las diferentes asociaciones se podría cifrar en torno al 70% entre asociados y no asociados.
P. Cuando hablan de independencia judicial y fiscal, ¿qué circunstancias limitan dicha independencia y qué cambios exigen al respecto?
R. En cuanto a este tema, es necesario hacer una aclaración importante. Cuando hablamos de independencia judicial la gente puede pensar que a un juez se le puede coaccionar, se le puede instigar o dirigirle hacia la toma de una decisión determinada, pero la realidad es que los jueces somos totalmente independientes en el ejercicio diario de nuestra función; nadie puede darnos instrucciones, está expresamente prohibido, y además no existen herramientas directas de presión ya que ni nuestro sueldo, ni nuestra carga de trabajo, ni nuestros permisos o vacaciones, ni siquiera los ascensos, dependen de nadie. Por lo tanto, cuando hablamos de independencia judicial, hacemos referencia al órgano de gobierno de los jueces: el Consejo General del Poder Judicial, que tiene dos funciones muy importantes, la aplicación del régimen disciplinario interno y la designación de los altos cargos judiciales… ¿Qué ocurre? Que de los 20 vocales que forman el CGPJ, la Constitución estipula que 8 sean designados por Congreso y Senado, y los otros 12 sean designados “según dicte la ley”. El problema es que, en 1985 el PSOE aprobó una ley que determinaba que estos 12 también debían ser elegidos por el Congreso, por lo que el resultado final es que los miembros del CGPJ son elegidos íntegramente por los diferentes partidos políticos, que se reparten los puestos.
Nosotros exigimos que el acceso a la cúpula del CGPJ no sea discrecional, sino que esos 12 jueces sean elegidos por los propios jueces en votación directa y secreta. Otra cara de la moneda son los requisitos de acceso, ya que desde las asociaciones defendemos que los aspirantes a entrar en la cúpula del Poder Judicial deben cumplir una serie de criterios objetivados de mérito y capacidad.
P. ¿Existe actualmente una separación de poderes real?
R. Lo que hay es un grave problema de imagen, no es tanto una cuestión de independencia como de apariencia, porque en esta profesión es tan importante ser independiente como parecerlo.
Si bien el CGPJ no tiene control sobre la labor diaria de los jueces, sus vocales son los encargados de nombrar a los altos cargos judiciales (entre ellos los magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia), motivo por el cual el CGPJ acaba sirviendo como un puente para que la clase política influya en la designación de los miembros de los órganos que se encargan de juzgar los asuntos de mayor importancia del país como son, precisamente, los procedimientos contra cargos políticos.
Si bien el juez se limita a aplicar y hacer cumplir la ley, independientemente de sus ideas políticas, lo cierto es que el hecho de que exista este puente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial genera una percepción errónea en el ciudadano; la contaminación política, aunque no tenga efectos en las decisiones judiciales, genera una mancha de aceite que se extiende hacia abajo y afecta a toda la carrera judicial, cuando la realidad es que los altos cargos -los que son elegidos “a dedo”- apenas supone un 2,8% del total de jueces.
P. Pese a ser un tema de gran importancia, no existe un gran debate público en torno a la politización de la justicia ¿Hay algún partido político que, a la hora de la verdad, haya apoyado la independencia judicial?
R. Hay que entender que es consustancial al poder político tratar de “fagocitar” todos los estamentos de la vida, por desgracia el poder político extiende sus tentáculos sobre todos los ámbitos, y el poder judicial no es una excepción, por lo que es normal que los propios políticos traten de acotar la independencia judicial, es una tendencia que sigue una lógica natural, ya que a los políticos les interesa y, además, los ciudadanos no tienen la independencia judicial entre sus reclamaciones políticas habituales, quizás porque se trate de un tema técnico, o porque crean que no les afecta en su día a día, aunque un poder judicial independiente sea bueno para los ciudadanos y bueno para el conjunto del país, hasta el punto de que se ha demostrado que la economía mejora en los países con mayor independencia judicial.
De entre los dos partidos tradicionalmente mayoritarios, lo cierto es que el PSOE siempre se ha mostrado contrario a la independencia judicial por desconfianza, quizás por la concepción, arrastrada desde el franquismo, de que los jueces son de corte conservador. El PP, pese a llevar el aumento de la independencia judicial en los programas electorales de la segunda candidatura de Aznar y de la primera candidatura de Mariano Rajoy, no ha cumplido con lo prometido cuando han tenido la posibilidad.
Independientemente de mis ideas políticas, y en base a mi experiencia de 4 años en la directiva de “Foro Judicial”, puedo afirmar que el único partido político en el que han sido empáticos y han visto clara la necesidad de promover un Poder Judicial independiente ha sido -y en la actualidad sigue siendo- Ciudadanos. El PP, en la subcomisión de Justicia del Congreso, se opuso a los cambios propuestos por las Asociaciones para la designación de jueces, argumentando que estando el PSOE en contra, nada se podía hacer, si bien el pacto de Gobierno con Ciudadanos les obligó a aceptarlo in extremis, poco antes del fracaso de dicha Subcomisión.
P. El otro día comentaba ante los medios que la paralización del expediente digital es una de las medidas que más les urge en el ámbito melillense; ¿En qué consiste esto del expediente digital y qué problemas se están produciendo?
R. El problema del “expediente digital” es que es sólo un eslógan del Ministerio, que se ha propuesto “eliminar el papel” pero que no está dispuesto a invertir lo que hace falta para conseguir que el sistema sea funcional, motivo por el que la implantación de este expediente digital está siendo deficitaria. El sistema (Minerva) es farragoso, poco intuitivo, no es compatible con el sistema de los fiscales (Fortuny) y a veces hasta se cuelga, además, no está pensado para facilitar la toma de decisiones por parte del juez… todo ello sin entrar en que tiene importantes problemas de seguridad, ya que existe la posibilidad de que desaparezcan resoluciones y nadie sepa quién las ha hecho desaparecer… existen verdaderos problemas de protección de datos. No es un tema de enfrentarse a la modernización, no somos partidarios de seguir leyendo en tablas de arcilla, pero si hay modernización debe invertirse todo lo necesario en que las cosas se hagan bien.
P. Al referirse a la mejora de las condiciones laborales de jueces y fiscales, ¿cuáles cree que son las más urgentes?
R. La más urgente es la definición de unas cargas de trabajo saludables, después las mejoras salariales y la recuperación de permisos.
Los jueces somos uno de los pocos colectivos que no sabemos cuánto tenemos que hacer para ganarnos nuestro sueldo. Mientras no se fijen cargas de trabajo, se puede entender que tenemos que resolver los 50, 100 o 300 casos que nos entren en el mes, con el consiguiente desgaste para la salud de los profesionales y el perjuicio para los ciudadanos, cuyos casos reciben una atención mínima por la sobrecarga de trabajo.
En materia salarial, somos el colectivo de la Función Pública que más rebaja salarial recibió en 2010, y aun no nos hemos recuperado. Además, resulta llamativo que un funcionario de justicia cobre exactamente lo mismo por las guardias que un juez, cuando -con todo el respeto por el valiosísimo trabajo de los mismos- ni la formación es la misma ni la responsabilidad es la misma. Las retribuciones deberían ir acordes al cargo. Tampoco hemos recuperado los permisos que perdimos, un funcionario de justicia tiene 4 semanas de paternidad, un juez 2.
P, ¿Qué respuesta han recibido por parte de las instituciones? ¿hay alguna propuesta hacia la que haya predisposición o algún margen de flexibilidad para la negociación?
R. No hay lugar para la flexibilidad cuando no ha habido ningún tipo de propuesta por parte de los organismos competentes. Lo único que ha avanzado es la recuperación de los permisos, pero es algo envenenado, ya que el PP lo ha condicionado a introducir a cambio modificaciones que afectan a la independencia judicial, a base de dar más atribuciones al Ministerio de Justicia y a los letrados de la Administración de Justicia, cosa que no nos parece pertinente.
Sólo hemos recibido palabras vacías de comprensión y palmaditas en la espalda, pero nada concreto.
P. ¿No le parece un chantaje?
R. Podría ser, como le he dicho, el poder político tiende por naturaleza a reducir la independencia judicial, puesto que el Poder Judicial es un poder incómodo.
P. ¿Qué probabilidades cree que hay de que se alcance un acuerdo?
R. Soy pesimista, porque nos dirigimos a tres poderes distintos y porque no tenemos fuerza suficiente a la hora de influir en la opinión pública.
P. ¿Qué hay de las movilizaciones programadas por las asociaciones?
R. Yo creo que la única opción real que tenemos de presionar es la huelga, aunque no se si una carrera profesional tan desunida, tan individualista y tan celosa de su propia independencia podrá organizarse para llevarla a cabo… En nuestro ámbito profesional hay un dicho: “perro no come perro, pero juez sí come juez”, y quizás no se consiga consenso para movilizar a todos los jueces en una huelga indefinida.
