Si no judicializamos hechos plausibles de fondo contra la moral Constitucional y enredo político, díganme ustedes dónde queda el poder del pueblo (democracia)… España sería un mercadillo con derecho al regateo.
La política en sí, tal y como estábamos acostumbrados, la interpretábamos como un hacer naturalmente puro, sin mancha de «pecado original», pero dada la corrupción creada por ¡todos! los demócratas de toda la vida, donde se cumplen algunas penas sin devolver lo afanado, sea dinero o cualquier otra especie incluidos enchufes contra natura laboral o salarios «disparatados» contra natura laboral (norma a partir del salario mínimo) y «blindajes» anormales contra natura de la Seguridad Social (jubilaciones políticas) incluidas indemnizaciones muy particulares contra Ordenanza Laboral (hoy suplantada) al amparo de una llamada «libertad de mercado laboral»; si todo esto y más no se judicializa, díganme ustedes a dónde vamos, si encima la Justicia se lava las manos cuán Pilatos por aquello de que debiera ser más solución política, olvidando que son o debieran comportarse como tal, los trabajadores políticos al servicio del ¡Pueblo!, considerados como gerentes del mejor rendimiento y beneficio social, a partir del Ayuntamiento, para el que fueron elegidos como pirámide del Estado. Más aún, cuando el que elige es precisamente el Pueblo, puede que aborregado y mansamente dado a ser utilizado por los caninos de los elegidos, por creencia de que la democracia liberal sea la panacea política sin ser más natural que aquella otra natural de «Familia, Sindicato y Municipio» Por eso, solo por eso, necesitamos un Rey con más poder ejecutor a expensas del tal poder liberal, sin llegar al absolutismo. Siendo aquí donde la Justicia ha de proteger tales derechos de uno y de otros, donde el uno sería el poder del pueblo y los otros serían gestores a vigilar sus maneras de hacer. Algo parecido a lo de ahora, pero sin el absolutismo de los grupos y sus pactos contra voluntad del pueblo todo y donde las minorías soñadoras no vendan sus parcelas al mejor postor, ni donde el postor dependa del trust de la minorías, sean o no separatistas o ideológicamente políticas o económicas. Por supuesto, todos sometidos a la letra de la Constitución.
Desde el punto de vista partidista, hoy por hoy, en todos los partidos hace falta una «depuración» y donde sea de obligado cumplimiento los Estatutos sin necesidad de recursos extraordinarios y donde las «corrientes» no sean perseguidas, evitando así el manejo de los Congresos por miedos a ser tomados como «reaccionarios» dentro del partido, cuestión que desvincularía la ideología, como derecho fundamental del ser, a los intereses de un grupo. Aparte de que, tal libertad satisfecha, daría más enriquecimiento a esa libertad de EXPRESIÓN.
